Editorial: Rehenes del paro

Desde el lunes 18 de febrero hasta el sábado de la semana pasada, transportistas de carga pesada de distintas regiones del país acataron un paro –indefinido en su momento– para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que solucione su pliego de reclamos. Entre las exigencias estaban una amnistía por las multas emitidas por la Sutrán a los referidos manifestantes, la reducción del precio de los peajes y la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los hidrocarburos.

La protesta devino en el bloqueo de varios tramos de carretera en Arequipa (donde se emplearon 2.000 camiones para ese fin) y en Áncash (donde también se quemaron llantas). Estas medidas afectaron a miles de ciudadanos que se trasladaban por vía terrestre y, además, generaron millones de dólares en perjuicios económicos: según la Asociación de Exportadores del Perú, para el viernes 22 de febrero, el sector podría haber registrado US$215 millones en pérdidas.

Con prescindencia de cuán pertinentes sean los reclamos expuestos, está claro que toda causa, sin importar cuán legítima pueda ser, queda viciada si en su nombre se opta por quebrantar el Estado de derecho y violar las libertades individuales. En el caso del paro en cuestión, el bloqueo de carreteras entraña un atentado contra el derecho de todo ciudadano a transitar libremente por el territorio nacional.

Desafortunadamente, este tipo de medidas se han convertido en herramientas de uso común en las protestas en nuestro país. La toma de una carretera, la quema de llantas e incluso el secuestro de trabajadores del Estado (véase lo sucedido en noviembre del año pasado en la estación Morona del Oleoducto Norperuano) son vistos por los manifestantes como medidas apropiadas para generarse el apalancamiento necesario para que el gobierno ceda ante sus exigencias. Una circunstancia que se ha hecho posible porque las autoridades lo han permitido, ya sea porque sucumben a la presión o porque no se han preocupado por hacer cumplir lo que manda la ley.

En esta ocasión, por ejemplo, el gobierno, con el objetivo de apaciguar a los reclamantes y que levanten la medida de fuerza, negoció con ellos el sábado pasado e hizo concesiones a algunos de los puntos por los que protestaban. Los transportistas aceptaron una rebaja de S/0,59 por galón de diésel en planta a cargo de Petro-Perú, el Estado acordó suspender el pago del peaje de Yauca (Arequipa) por cinco meses y, además, se ampliará el período educativo de la obligación de contar con GPS en los vehículos –el MTC notificará a los transportistas que hayan incurrido en una falta, sin establecer una sanción pecuniaria–. También se buscará agilizar la aprobación del proyecto de ley que establece la devolución del ISC de los hidrocarburos, iniciativa que está pendiente de aprobación de parte del Congreso.

En ese sentido, si bien es positivo que la fiscalía arequipeña haya iniciado una investigación por el delito de entorpecimiento de servicios públicos contra quienes bloquearon la vía de penetración a la Ciudad Blanca, el esfuerzo puede demostrar ser fútil. Pues todas las decisiones descritas, en lugar de castigar las conductas que atentan contra la ley, las premian y las consagran como medios apropiados para un fin. Y muestran a un Ejecutivo timorato que difícilmente logra mantenerse en sus trece ante la presión.

Como se sabe, hoy el gobierno sostendrá una nueva reunión con los transportistas. Sería conveniente, tomando en cuenta todo lo anterior, que aproveche esta oportunidad para dejar claro que cualquier futuro atentado contra el Estado de derecho no garantizará un espacio en la mesa de negociaciones, sino todo el peso de la ley.