Partidos con caducidad

En los últimos meses, los cuestionamientos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, han comenzado a acumularse. A finales del año pasado, por ejemplo, el JNE tuvo una insólita interpretación que permitió la inscripción del partido político de Antauro Humala en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Para el pleno del JNE, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, cuyo acrónimo evidentemente se lee como ANTAURO, no necesariamente implicaba el liderazgo del líder etnocacerista condenado por el homicidio de cuatro policías. La inscripción vulnera el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que los partidos tienen la obligación de “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático”, y la fiscalía ha tomado cartas en el asunto desde el mes pasado.

Ahora el JNE ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que busca permitir una inscripción provisional de partidos políticos en etapa final del proceso de incorporación al ROP. La idea central, según sus impulsores, es evitar que “escritos de tachas maliciosas que devinieron en infundadas” prevengan la participación de candidatos y minen el derecho a la participación política. Mencionan también que una figura similar existió entre el 2014 y el 2019, y consideran oportuno volver a ese esquema.

El objetivo es razonable (efectivamente, ha habido abuso y uso arbitrario de tachas en el pasado), pero la norma en sí puede traer más costos que beneficios. En primer lugar, especialistas coinciden en que los alcances no son claros, y ello puede traer consecuencias serias cuando la tensión política llegue a un punto de ebullición durante el período electoral. En segundo lugar, vale recordar que existen motivos por los que hay un período de filtros previos a la inscripción en el ROP. Tener candidatos cuya trayectoria no ha sido correctamente analizada es un potencial peligro y debilita las garantías del sistema y de los partidos políticos. En tercer lugar, permitir una inscripción temporal que luego se desestime –aun si se hace correctamente– puede traer mucha más inestabilidad política en un sistema ya de por sí debilitado. Las lecturas políticas de una decisión de esta naturaleza serán inevitables, y la legitimidad del proceso electoral y de sus autoridades podría ser puesta en duda. Finalmente, a la fecha, los filtros no han demostrado ser una barrera especialmente dura para quienes quieran participar de las elecciones: existen ya 26 partidos políticos en el ROP y otros 13 más en vías de inscripción.

Lo cierto es que se trata de una medida que funciona más como un parche dadas las demoras y complicaciones del actual proceso. Según especialistas, con procedimientos de inscripción más rápidos y respuestas oportunas de parte del Reniec para la verificación de firmas, el proyecto de ley no sería necesario. Por ahora, la iniciativa está en manos de la Comisión de Constitución del Congreso. Es en ese espacio donde deberá quedar claro que abrir puertas falsas a la participación democrática –aun si el objetivo de fondo es uno que reúne las mejores intenciones– puede traer mucho más daño que beneficio.