Editorial El Comercio

Ha terminado la legislatura en el y, mientras todas las miradas se enfocan en de la próxima Mesa Directiva, se hace necesario un balance de lo que ha sido la labor parlamentaria en el último año desde distintas aristas. Entre ellas, la que corresponde a uno de los asuntos que explican en gran parte el amplio descrédito que arrastra el Legislativo en todos los sondeos de opinión: el de la manera en la que ha procedido cuando le ha tocado sancionar a uno de los suyos. Y en este aspecto, el balance es lapidario.

Dado que tanto la como la han entrado en una especie de receso (aunque la primera bien podría seguir operando), no habrá mayor novedad en este frente al menos hasta el próximo mes. Así, casos pendientes de resolverse como los que conciernen a o a los seguirán esperando a que las nuevas autoridades de ambos grupos de trabajo les den el trámite correspondiente.

Es importante destacar, antes que todo, que en esta legislatura el pleno logró aprobar importantes denuncias remitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como aquella contra el expresidente y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado por los presuntos delitos de corrupción y organización criminal, o la que concierne a la exministra por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre. También, que en enero logró inhabilitar por 10 años al ahora exparlamentario , señalado de haber violado a una trabajadora en su despacho congresal, aunque únicamente después de haber enmendado su postura inicial de blindarlo ante la lógica indignación ciudadana.

La misma representación nacional, por otro lado, se empeñó en en mayo último a los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza, por el Caso de ‘Los Niños’. Por lo que parece que esa severidad que han mostrado al momento de aprobar las denuncias contra personas ajenas al Parlamento se les ha extraviado cuando se ha dado el caso de que el evaluado ocupa un escaño en el hemiciclo.

Esta incapacidad para sancionar a uno de los suyos ha quedado más patente aún en el interior de la Comisión de Ética. A pesar de que la secretaría técnica de este grupo de trabajo propuso suspender por 120 días a las legisladoras , y , señaladas nada menos que de apropiarse de parte del salario de sus trabajadores, una mayoría de los integrantes de la propia comisión decidió cambiar la sanción, gracias al voto de bancadas de izquierda, por apenas una amonestación escrita y una multa de 30 días de descuento de sus sueldos. Esto, muy aparte de las denuncias que quedaron pendientes por la misma imputación contra los parlamentarios María Cordero Jon Tay, María Acuña, José Arriola, Katy Ugarte y Édgar Tello que, presumiblemente, recibirán el mismo trato tibio y vergonzoso que el que recibieron sus colegas.

A quienes esta comisión sí recomendó suspender –por 60 y 120 días, respectivamente– fue a los legisladores Luis Cordero y a los ya mencionados Vergara y Flores, pero una vez que sus casos fueron revisados en el pleno una mayoría de legisladores .

Consultado el último domingo en una sobre el mensaje que da el hecho de que en esta legislatura se hayan destapado casi una decena de denuncias de congresistas ‘mochasueldos’ y que ninguno de ellos haya sido suspendido, el presidente del Congreso, , reconoció que “la población necesita mensajes, gestos donde el Congreso sancione a quienes tienen la sospecha”, y que esto no se ha dado. Y aunque es cierto que la Comisión de Ética pronto cambiará de integrantes, no parece haber motivos reales para creer que esto se traducirá en un cambio de actitud.

Después de todo, los nuevos miembros provendrán de la misma representación nacional y de los mismos partidos políticos que en esta legislatura han vuelto a demostrar que no les importa seguir repartiendo blindajes entre legisladores en aprietos.

Editorial de El Comercio

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