Ciegos por elección

Dentro de todos los destinos meritorios al que puede dedicarse la inversión pública –como salud, educación, transportes, etc.–, quizá no haya otro más apremiante hoy para la ciudadanía que la lucha contra el crimen. Y, en esta categoría, es la minería ilegal la que, según más de un especialista, más dinero mueve, lo que le permite a su vez financiar otros ilícitos.

Pero el error sería mayúsculo si uno quisiera inferir de ello que el Estado ha destinado, en consecuencia, cantidades importantes a neutralizar esta actividad criminal. Basta con el ejemplo de Chagualito sobre el que informamos en nuestra edición de hoy. Este es el puesto policial que debe supervisar a los camiones que salen de Pataz, en La Libertad, cargados de concentrado de oro, mucho de este de procedencia, por supuesto, ilegal. Según pudo comprobar este Diario, la infraestructura consiste en un container adaptado (con una mesa, dos sillas, una laptop y un ventilador), y la fuerza policial que lo opera consta de dos efectivos por cada turno de ocho horas. Como reporta nuestra Unidad de Investigación hoy, no existe balanza ni personal de la Sunat, la fiscalía, el gobierno regional que encabeza César Acuña o el Ministerio de Energía y Minas. La imagen de abandono y debilidad del puesto de control es un testamento de la negligencia total que el Estado le ha concedido a la minería ilegal.

Cálculos conservadores ponen el valor del concentrado mineral que por ahí transita en más de US$800 millones solo en lo que va del año. Es inconcebible que el Estado, a todas luces, invierta bastante menos del 0,5% de ese valor en un puesto de control tan estratégico. Se conocen además relativamente bien a los transportistas frecuentes, los destinos de la carga hacia las plantas de beneficio y a los principales financistas del negocio. Una buena parte de volquetes hace el recorrido con autorizaciones vencidas y quebrando varias leyes de todo tipo en el camino. La inevitable sensación es que no se trata de falta de presupuesto en Chagualito; es que es una ruta que no se quiere supervisar. Es decir, sobre la que las autoridades eligen mantenerse a ciegas.

Lejos de ajustar el control de la minería ilegal e invertir en condiciones mínimas de trabajo, se discute ahora en el Congreso la posibilidad de prorrogar el Reinfo (que, en la práctica, ha servido para dar carta blanca a los mineros ilegales). La falta de voluntad para atacar el problema es evidente. Lo demás son solo palabras.