El gobierno de la presidenta Dina Boluarte finalmente se decidió a promulgar el anticipado decreto de urgencia (DU) que sirve como salvavidas financiero para Petro-Perú. Sin un aporte de este tipo, la petrolera estatal no habría sido capaz de cubrir pagos mínimos a proveedores pasado fin de mes, y posiblemente se hubiesen gatillado ratios de solvencia que demandarían liquidar la compañía.
El salvataje llega demasiado tarde. Como se sabe, el directorio nombrado por la junta general de accionistas (JGA) –el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas– en febrero de este año presentó el martes su renuncia. Este venía solicitando al Ejecutivo desde mayo una decisión sobre el futuro de la empresa, pero el Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén prefirió dar largas hasta que la situación se hizo insostenible y quedó claro que el directorio no tenía ya el respaldo de la JGA. Según investigaciones de este Diario, el punto de quiebre habría sido la exigencia de parte de la propia presidenta Boluarte de colocar a Óscar Vera, extitular del Minem y líder sindical de Petro-Perú, como gerente en la empresa. Sin ese nombramiento, el DU no salía. Ante la presión, el directorio no habría tenido más opción que renunciar.
Tomada en conjunto, la señal difícilmente pudo ser peor. El gobierno, por encargo directo de Palacio, maltrató e intentó pasar por encima de un directorio independiente –que intentaba poner a Petro-Perú en el camino correcto– para forzar el ingreso de una persona con serios cuestionamientos. Con esa carta de presentación, es imposible confiar en que cualquiera de las buenas intenciones que pueda haber incluido el gobierno en el DU –como las medidas de austeridad, la venta de activos por parte de Pro Inversión, o la contratación de una empresa privada para reestructurar la petrolera– vaya a llegar a buen puerto. La sensación, más bien, es que los contribuyentes estamos nuevamente financiando un pozo sin fondo sin recibir nada a cambio.
Si el gobierno hubiese tomado una decisión similar meses atrás –cuando el directorio saliente lo solicitó–, otra sería la historia. El hecho de que no la haya tomado entonces apunta a que no tiene realmente intenciones de frenar la interferencia política en el manejo de la empresa, que seguirá barriendo bajo la alfombra los problemas y las soluciones difíciles, y a que, en suma, Petro-Perú no tiene solución. Lo que viene a demostrar que no toda crisis es una oportunidad; algunas son solo prólogo de mayores crisis.