El chantaje crece sin contención

Las cifras sobre extorsión del Anuario Estadístico Policial que recogió días atrás un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData) muestran el crecimiento sin cortapisas que ese delito ha tenido en el territorio nacional en los últimos años.

En el 2023, por ejemplo, las denuncias asociadas a ese crimen fueron 17.246 (esto es, 47 denuncias al día), lo que representa una sextuplicación de ellas desde el 2019. Y es obvio que la cifra de incidencia del delito en cuestión es mucho mayor, pues sus víctimas suelen ser objeto de intimidación por los perpetradores para evitar que acudan a la policía. Una granada dejada en la puerta de un negocio o una ráfaga de balas disparada sobre la fachada de una vivienda son clara advertencia de lo que podría sucederles a quienes decidiesen hacerlo. Por lo que el número real de víctimas es con toda seguridad bastante mayor.

El cuadro, además, se agrava cuando agregamos a él la inexistencia de noticias sobre lo que ocurre con las personas a las que se detiene por haber ejercido este tipo de chantaje. El año pasado, hubo 1.048 personas en esa condición, pero nada sabemos sobre lo que sucedió con ellas una vez que fueron puestas a disposición de la justicia.

Según los especialistas, los factores que han favorecido el aumento de este crimen son varios, pero los más significativos son la posibilidad de cometerlo a través de medios tecnológicos (es decir, sin tener que estar físicamente delante de la víctima) y las facilidades con las que se otorgan los préstamos informales de dinero que luego se convierten en el ‘gancho’ de la extorsión. El bajo riesgo de transmitir un mensaje atemorizante a través de una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp, y el apremio de los dueños de pequeños negocios por salir de algún ‘impasse’ financiero sin medir las consecuencias son, en efecto, la clave del éxito de quienes practican la extorsión.

De hecho, si antes los cupos estaban vinculados casi exclusivamente a la “protección” a grandes empresas de construcción o transporte, ahora las mafias que lo cultivan se enfocan particularmente en los dueños de bodegas de barrios o en los responsables de alguna pequeña obra de albañilería. No es de extrañar, por eso, que la Asociación Nacional de Bodegueros informase hace poco que 2.600 bodegas han sufrido por esta razón y que hasta la ampliación de una capilla en San Juan de Miraflores haya sido ocasión del cobro de cupos como los ya mencionados. Esas mafias, adicionalmente, están ligadas a otros delitos, como el sicariato, el secuestro, la venta de drogas y el proxenetismo, en los que impera la violencia, por lo que el giro sangriento que ha cobrado ahora la extorsión no llama la atención.

En lo que concierne a las zonas en las que este mal se concentra, las que más destacan son, en ese orden, Lima y La Libertad. En el 2023 se detuvo en la capital a 317 individuos por extorsión y en La Libertad a 287… Pero hay que tener en cuenta que Lima tiene cinco veces más pobladores que la región norteña para comprender las verdaderas dimensiones del problema que allí existe. En general, el chantaje se multiplica en lugares de concentración urbana, porque es allí donde puede operar a gran escala y donde su capacidad de mimetizarse entre la población es mayor. Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes son de hecho otras localidades en las que el crimen que nos ocupa ha avanzado sin contención, afectando la seguridad y la economía de los más débiles y del país en su conjunto.

Como en tantos otros terrenos, no obstante, la reacción del Ejecutivo y de los gobiernos regionales al respecto es cansina y carece de orientación. Lo poco que se hace –como las declaraciones de emergencia, por ejemplo– tiene más de gesto para las tribunas que de medida enderezada al control de esta epidemia. Las cifras lo demuestran, pero las alarmas, increíblemente, no suenan.