El 17 de agosto del 2022, una medida cautelar emitida por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso la paralización de las obras que buscan recuperar la icónica plazuela San Francisco, ubicada en el Centro de Lima. La orden judicial fue el colofón de una disputa entre, por un lado, la Orden Franciscana, que reside en dicho convento, y, por el otro, Prolima, que se encarga de la recuperación de los sitios históricos de la capital. Casi dos años después, la plaza continúa cerrada, pese al valor histórico que tiene este recinto para el país y con el impacto que ello causa en el turismo y en la imagen que Lima proyecta hacia afuera.
Lo llamativo del ‘impasse’ es que el Poder Judicial, desde que se paralizaron las obras, ha fallado en dos ocasiones a favor del municipio y, sin embargo, los voceros de la entidad han manifestado que no han podido reanudar los trabajos debido a la oposición de los franciscanos. Según el gerente de Prolima, Luis Bogdanovich, ahora la orden estaría buscando llegar al Tribunal Constitucional, lo que demoraría más la culminación del proyecto.
Hay que decir aquí que los hechos favorecen la postura de Prolima. Por un lado, porque el argumento de la congregación de que las obras afectarían el patrimonio histórico choca con las autorizaciones que el Ministerio de Cultura y la Unesco le han otorgado a la entidad para llevarlas a cabo. Y, por el otro, porque como han recordado varios especialistas en los últimos años la plazuela San Francisco es un espacio público que no le pertenece a la Iglesia y cuya gestión, más bien, es responsabilidad de la municipalidad.
El único perdedor con todo este ‘impasse’, por cierto, es la ciudad, que tiene que ver una de sus plazas históricas tapada desde hace más de 22 meses cuando debiera ser una muestra de orgullo, más aún en un año en el que los ojos del mundo estarán centrados aquí por las celebraciones del APEC y del bicentenario de las batallas que sellaron nuestra independencia.