Costoso despropósito

Desde que el Ministerio de Salud (Minsa) decidió utilizarlas para identificar los casos de COVID-19 en el Perú, las pruebas serológicas (o rápidas) han sido materia de controversia. En un principio, las preocupaciones estaban dirigidas a su imprecisión –los resultados que arrojan están lejos de ser tan atinados como los que se pueden obtener con los exámenes moleculares– y a su uso masivo. En los últimos días, como ha revelado este Diario y tomando en cuenta las pesquisas que viene realizando la fiscalía, a los problemas de control epidemiológico se han sumado otros, vinculados a cómo el Estado adquirió estos productos y al costo asumido por ellos.

Según lo que informó ayer nuestra Unidad de Investigación, Essalud gastó millones de soles en pruebas rápidas y lo hizo pagando, por cada unidad, casi el triple de lo que el Estado había desembolsado en otras ocasiones por el mismo tipo de producto. En concreto, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), entre mayo y agosto Essalud gastó S/10′704.280 en la compra de solo 286.000 test rápidos a seis empresas, cuyos precios unitarios variaron entre S/33 y S/45. En ese mismo tiempo, Perú Compras hizo tres grandes adquisiciones, pagando entre S/16 y S/29.

Asimismo, a las dudas generadas por el enorme gasto realizado por la entidad se añade que, en julio, una sola empresa, conocida por vender calentadores eléctricos, se adjudicó directamente S/41′000.520 por la compra de 1′174.800 kits de origen chino, a S/34,90 cada equipo. Un caso que se encuentra en las manos de la contraloría.

Por otro lado, el fiscal Reynaldo Abia ha citado al presidente Martín Vizcarra y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para que declaren a propósito de otras irregularidades que se habrían detectado en el proceso de compra de pruebas para diagnosticar el COVID-19, entre las que se incluyen las rápidas. En concreto, Abia considera necesario que los referidos representantes del Ejecutivo informen sobre unas reuniones que se habrían dado con los proveedores de los productos antes de que se suscribieran los contratos de compra.

Aunque todavía hará falta más tiempo para que las investigaciones determinen si hubo prácticas ilegales detrás de la compra de estas herramientas por parte del Estado, lo que es evidente es que se ha gastado de más en las pruebas rápidas y que el énfasis en estas no ha servido para enfrentar correctamente la pandemia. Más de un experto ha sido claro al explicar que las pruebas serológicas no son apropiadas para el uso que el Minsa les ha dado, habida cuenta de que no sirven para detectar casos activos del virus como sí lo hacen las evaluaciones moleculares.

En su momento, el entonces titular del Minsa Víctor Zamora afirmó que los kits serológicos no reemplazarían a los otros, pero en la práctica aquellos han sido la regla a la hora de diagnosticar la enfermedad en nuestro país mientras las pruebas moleculares, por su limitado uso, parecen más una excepción. Ello queda claro si se considera que para el 13 de este mes el 78,5% de las muestras que se tomaron en el Perú han sido para pruebas rápidas.

Ante la posibilidad de que el Perú sufra una segunda ola de contagios de COVID-19, como ha ocurrido en Europa, el Estado tiene una deuda con la ciudadanía que no puede pasar por alto: corregir todo lo que se hizo mal al principio. Ello incluye impulsar el protagonismo de las pruebas moleculares a la hora de detectar la enfermedad y garantizar, en general, que no se emplee irresponsablemente el dinero de los contribuyentes orientado para enfrentar esta crisis.