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El gobierno pasado le heredó al actual más de una papa caliente. El déficit fiscal deteriorado, el movimiento económico insuficiente y un mercado de empleo en constante deterioro son solo algunos de los retos que la administración del presidente Vizcarra tiene por delante y que han sido consecuencia de malas decisiones del pasado. En esta lista de decepciones, una de las tareas más significativas –tanto por sus dimensiones económicas como por su carga social y política– es la reconstrucción del norte del país tras el paso del fenómeno de El Niño costero.
La lentitud del proceso ha sido motivo de críticas desde el inicio. Así, uno de los primeros comentarios del actual presidente al poco tiempo de ocupar el cargo fue que “hasta ahora no han hecho [las autoridades responsables] prácticamente nada”. En este contexto, el Congreso aprobó esta semana delegar facultades legislativas al Ejecutivo para acelerar la reconstrucción. Según el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, las modificaciones recortarán entre 12 y 13 meses el plazo de ejecución. Ello implica relajar algunos de los candados que tiene la inversión pública.
El objetivo, qué duda cabe, es loable y necesario. A más de un año de finalizado el fenómeno climático se ha avanzado con poco más del 6% del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Mientras, decenas de miles de personas siguen sin acceso a agua, caminos o servicios básicos.
Pero la reconstrucción –siendo un proyecto nacional tan relevante en tantas esferas– no se puede llevar a cabo de cualquier manera. Preocupa, pues, que la flexibilización en las condiciones de ejecución se traduzca en resultados inadecuados para los casi S/20.000 millones enfocados en agricultura, transportes, salud, educación, vivienda, saneamiento y pistas y veredas.
La preocupación es justificada sobre todo en vista de los cambios que ha sufrido el PIRCC. El nuevo énfasis ha estado en dar mayor responsabilidad de ejecución a los gobiernos subnacionales y menos a los ministerios. En concreto, el gobierno anterior acordó en febrero pasado reducir el umbral mínimo de la ejecución presupuestal en construcción de infraestructura para calificar a ser una unidad ejecutora de 75% a 65%. En la práctica, ello significó que 751 municipalidades que durante el año pasado no eran consideradas aptas para invertir en la reconstrucción debido a sus limitaciones institucionales fueron habilitadas. La actualización del PIRCC también implicó una recomposición del gasto total: si antes el Gobierno Central era responsable del 72% del monto a invertir para la reconstrucción, los regionales 12%, y los locales 16%, el nuevo plan dispone porcentajes de 50%, 5% y 45%, respectivamente. El cambio es sustancial.
A pesar de los problemas harto conocidos de los gobiernos locales para ejecutar inversión pública de calidad, el primer ministro César Villanueva no parece preocupado con los obvios puntos flacos de la estrategia –a saber, que cientos de municipios simplemente no poseen la capacidad para diseñar, adjudicar y supervisar obras públicas de manera eficiente–. Por el contrario, la Presidencia del Consejo Ministros apuesta por “aprovechar las capacidades de los gobiernos regionales, las municipalidades y otros actores locales autorizando la ejecución descentralizada de los proyectos, a través de modalidades de administración directa y núcleos ejecutores”. Las medidas pueden granjear aplausos y aprobación desde algunas zonas del país en el corto plazo, pero a la larga la apuesta podría resultar muy costosa.
El proceso de reconstrucción, como se sabe, fue uno de los puntos flacos del gobierno anterior, y por lo tanto uno de los aspectos sobre los que se centran las expectativas que hay para el actual gobierno. El tiempo del que dispone esta administración antes de que la paciencia empiece a escasear, sin embargo, es menor. Y una segunda decepción siempre será más dura que la primera.
