Editorial El Comercio

Desde que juró como presidente del , muchos vieron a como una especie de 2.0. Varios hechos abonaron a esta percepción. Entre ellos, el que ambos exhibieran una trayectoria de vida parecida (abogados expertos en temas de derechos humanos, ministros durante el gobierno de Ollanta Humala y férreos defensores de la presidenta en sus puestos anteriores) y que lideraran básicamente el mismo equipo ministerial. Sin embargo, parece que desde entonces el jefe del Gabinete ha querido romper con esta imagen y ha tomado algunos pasos en ese sentido.

Hace una semana, por ejemplo, el ministro Adrianzén y la mandataria cambiaron a seis ministros horas antes de que se celebrara en el Congreso la sesión en la que el Gabinete recibió finalmente el voto de confianza para continuar con sus labores. Los relevos de los titulares del Interior, Educación, Comercio Exterior y Turismo, Mujer, Desarrollo Agrario y Riego, y Producción, sumados a los previos de Economía y Finanzas, y Energía y Minas, dieron una impresión de nuevo equipo ministerial que podía presentarse ante la representación nacional con un discurso algo más verosímil de que el Ejecutivo estaba dispuesto a cambiar el rumbo, al menos ligeramente.

Pero las modificaciones no se dieron solo en el Gabinete. Dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Adrianzén ha cambiado al menos a 14 funcionarios. Hablamos de rotaciones en áreas importantes como el Gabinete de Asesores, la Secretaría de Gestión Pública, la Alta Dirección del Despacho, la Oficina de Contabilidad y Tesorería, entre otros. Según pudo conocer este Diario, además, desde Palacio de Gobierno hubo una indicación de que la salida de Alberto Otárola (tras el escándalo de los audios en los que dejó traslucir que mantenía una relación con una persona que ganó contratos con el Estado) debía traducirse también en los recambios de su personal de confianza.

De manera que, forzada o no, esta retahíla de recambios le imprime a la gestión de Adrianzén una pizca de independencia que puede ayudar a contrarrestar la sensación inicial de que la suya era una prolongación de la de Alberto Otárola. Sin embargo, si busca realmente romper con este estigma, más que nombres, lo que debería cambiar el titular de la PCM son las políticas de gobierno, pues de nada servirá contar con nuevos músicos si la orquesta sigue tocando la misma partitura.

En ese sentido, lo que realmente marcará la administración de Adrianzén será la manera como maneje los problemas que afligen a los peruanos, como la inseguridad ciudadana. Seguir insistiendo en el libreto de los estados de emergencia que caracterizaron el paso de Otárola por la PCM solo aumentará la percepción de que estamos ante más de lo mismo. Lo mismo cabría decir de la reactivación económica, que debería dejar las políticas de bonos y exenciones tributarias y enfocarse más bien en los cambios estructurales que el país necesita para volver a crecer sostenidamente.

En lo que respecta a la relación con el Congreso y con la ciudadanía, por otro lado, también hay mucho por mejorar. Sobre lo primero, porque algo que fue una constante durante la gestión de Otárola al frente del Gabinete fue la pasividad ante un Legislativo empeñado en socavar reformas y promover los intereses de grupos como los mineros ilegales y los colectiveros. Y, sobre lo segundo, porque haría bien el Ejecutivo en abandonar la opacidad y las críticas destempladas a la labor de la prensa que marcaron varios momentos del paso de Otárola por la PCM y optar por una gestión más transparente y con rendición de cuentas ante los graves cuestionamientos que rondan a la presidencia.

Así las cosas, solo el paso de los días demostrará si la intención de Adrianzén de imprimirle un sello propio al Gobierno es genuina o si se trata apenas de un cambio cosmético que únicamente agravará el malestar y el cansancio de la ciudadanía.

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