La Contraloría identificó retrasos en las obras de modernización de la refinería de Talara.(Foto: GEC)
La Contraloría identificó retrasos en las obras de modernización de la refinería de Talara.(Foto: GEC)
Editorial El Comercio

Con una batería de cuatro alambiques de destilación y una capacidad de procesamiento de 10.000 barriles por día, hace 102 años se inició la intrincada historia de la , entonces a cargo de la International Petroleum Company (IPC).

Un siglo más tarde, luego de idas y venidas propias de un período tan extenso, la refinería de Talara –hoy propiedad de – se ha convertido en un símbolo del pobre manejo empresarial del sector público y de los potenciales costos que ello significa para el contribuyente promedio.

En el último episodio de esta larga y cara historia, Petro-Perú está considerando de entre US$1.000 millones y US$1.500 millones para reducir la deuda acumulada en el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT). Según su presidente, Carlos Paredes, el Gobierno podría comprar los bonos en dólares con cargo al Tesoro Público; es decir, con cargo a todos los peruanos.

A pesar de que por mucho tiempo se insistió en que el PMRT era una inversión “estratégica”, que sería rentable por sí sola, y que no pondría en riesgo los recursos que el Estado necesita para construir carreteras o pagar a maestros y policías, la situación financiera del proyecto hoy parece darle la razón a quienes se opusieron a su construcción desde el primer momento. Con costos y pérdidas exorbitantes, la modernización de la planta efectivamente podría no salir adelante sin tener que apelar a la billetera de los contribuyentes.

Con casi US$5.000 millones de inversión por el PMRT, la Unidad de Análisis Económico de este Diario de Petro-Perú se saldaría en más de 26 años. Según Apoyo & Asociados, al cierre del primer trimestre la deuda financiera de la empresa fue equivalente a 25,4 veces el Ebitda y casi tres veces el valor total de la compañía. Para expresarlo en términos simples: si se divide el monto de la inversión en el PMRT entre todos los peruanos adultos, cada ciudadano está financiando US$250 aproximadamente para esta aventura empresarial descaminada y desmedida del Estado.

Si nos basamos en lo aprendido de las incursiones empresariales del sector público en los años 70 y 80, estos resultados no son sorprendentes. Iniciativas lentas, ineficientes y caras han sido la firma y sello de no pocas empresas públicas, que sobreviven únicamente gracias a los impuestos que la actividad privada productiva sí paga. Pero ello, lejos de ser una justificación válida, debería invitar más bien a una revisión seria de los procesos y cadenas de errores que se siguen para llegar hasta aquí.

La contraloría, por ejemplo, tiene un control concurrente sobre el PMRT. ¿De qué utilidad han sido sus numerosos informes si la obra se sigue encareciendo y retrasando? Llegado este punto, ¿no vale la pena que otras instancias de control –como, por ejemplo, el propio Congreso de la República– revisen la legitimidad de las acciones y decisiones tomadas desde el 2014, cuando se aprobó la suscripción del contrato para el PMRT? Escándalos políticos han saltado por perjuicios de mucho menor cuantía para el Estado que los que se arrastran y acumulan desde hace años en Talara.

Es cierto que la actual administración está intentando sanear las finanzas y abrir la compañía a capitales privados, pero también lo es que el tiempo promedio de permanencia del presidente de Petro-Perú es seis meses, y el del gerente general es diez meses, el señor Paredes.

Frente a lo ya invertido y los compromisos asumidos, en adelante para el PMRT solo queda elegir entre alternativas malas o muy malas. ¿Quién le devuelve a la ciudadanía el tiempo y los recursos malgastados por esto? ¿Quién se hace responsable? Esta última pregunta ha permanecido ya demasiado tiempo sin respuesta.