Editorial: Los ciudadanos cautivos

Las imágenes que comenzaron a llegar el lunes desde Arequipa –que despertó con un paro general convocado por un sector opositor al proyecto Tía María– eran de un pasmo glacial. Destilaban la sensación de que el Estado de derecho se hallaba completamente suspendido en la ciudad: suspendido, por supuesto, para los vándalos que con total impunidad cargaban contra la propiedad privada a pedradas, y suspendido, asimismo, para todos aquellos residentes que, haciendo ejercicio de su libertad, decidían no tomar parte en las protestas pero que no podían salir de sus casas ya sea porque los caminos estaban cortados o porque no querían exponerse a sufrir lesiones. En otras palabras, que habían dejado de ser, en la práctica, ciudadanos para volverse cautivos por la fuerza o por el miedo.

¿De qué otra manera que no sea la ausencia del Estado podría explicarse, si no, que un grupo de manifestantes sea capaz de apedrear una tienda, un centro comercial y hasta una clínica en una sola jornada? ¿O que otro haga lo propio con un bus de transporte público que llevaba pasajeros? Esto, claro está, por no mencionar los cortes o bloqueos de vías que, por si a alguien le cuesta ver en esta práctica un ejercicio afuera de la legalidad, constituyen –tal y como los anteriores– una afectación al derecho de los demás ciudadanos.

Ninguna protesta social, por más legítima o justa que sea, puede contemplar tanta seguidilla de quiebres a la legalidad como los que Arequipa ha visto en los últimos días. El diálogo que se ha planteado como una plataforma de conciliación para el Estado y los opositores al proyecto cuprífero de Tía María, en la provincia de Islay, no puede conllevar para el primero un relajamiento de sus funciones esenciales de preservación del orden interno y de persecución penal de los delitos.

Ante este escenario, la pregunta resulta inevitable: ¿Por qué el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no ha mostrado el carácter resoluto y de apego a la Constitución que ha ondeado en otras ocasiones?

La explicación más verosímil es que el desaguisado de Tía María –un proyecto que, como hemos dicho antes, ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige– representa para este gobierno una ciénaga en la que no quiere ingresar por temor a que termine arrastrándole algunos puntos de aprobación ciudadana. A esta tesis abonan no solo el mutismo que mostraron frente al tema por tanto tiempo sino también a los retrocesos que tuvieron frente al mismo una vez que decidieron otorgar la licencia de construcción para la mina. Quizá nada mejor para sintetizar el espíritu de esto último que la afirmación que dio el último sábado el mandatario desde Moquegua: “El proyecto Tía María, si no tiene el consenso, si no tiene la aprobación de la población [...] no se va a llevar adelante”. Una actitud que, por lo demás, guarda alarmantes reminiscencias con la manera parsimoniosa en la que esta misma administración trató el conflicto en Las Bambas hace unos meses.

Preocupa, además, el nivel de desinformación con el que algunas autoridades arequipeñas están bombardeando el asunto. Hace dos días, por ejemplo, el vicegobernador de la región, Walter Gutiérrez, contó que el lunes, en una reunión con el presidente, este último aseguró que pronto se publicaría la resolución con la que se anulaba la licencia de construcción de la mina, emitida hace menos de un mes. Sin embargo, ayer, el alcalde de Arequipa –presente también en dicha cita– desmintió a Gutiérrez.

Nada de lo anterior significa, claro está, que neguemos que la protesta sea un mecanismo legítimo para la sociedad civil. El problema es que, cuando esta degenera y empieza a transgredir los derechos de quienes no participan en ella –más aun cuando encuentra al frente a un Estado espectador–, lo que se tiene es el ejercicio de cualquier cosa menos de ciudadanía.
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