Editorial: Seleccionar, no patrocinar

La conformación del Tribunal Constitucional (TC) enfrenta actualmente un problema que no por habitual es menos serio. Nos referimos al hecho de que seis de sus siete miembros tienen el mandato vencido desde hace más de tres meses y la elección de sus reemplazos no se anuncia como una tarea fácil. Una circunstancia que se ha hecho frecuente en nuestro sistema político a lo largo de las últimas décadas.

Como se sabe, la mecánica establecida para esa elección consiste en que una comisión especial del Legislativo seleccione e invite a un número reducido de candidatos que a su juicio reúnan las condiciones para llenar esas plazas y luego se los propongan al pleno, que finalmente deberá elegir entre ellos. El número mínimo de votos que se requiere para cada nombramiento es de 87, por lo que, dadas las características de la actual representación nacional, hará falta una auténtica hazaña del consenso.

Decíamos, sin embargo, que el empeño no tiene buen pronóstico y ello obedece a que tanto la constitución de la mencionada comisión especial como la idoneidad del momento para definir los reemplazos han sido cuestionadas desde dentro y fuera del Parlamento.

A propósito de lo primero, se ha objetado que Fuerza Popular (FP) tenga en ella dos asientos mientras que otras dos bancadas (la Liberal y la de Unidos por la República) han quedado fuera. Y en lo que concierne a lo segundo, se ha señalado que, en la medida en que este Congreso podría estar próximo a cesar en sus funciones (si el proyecto de adelanto del cronograma electoral impulsado por el Ejecutivo prosperase), no debería corresponderle tomar una decisión que comprometa un futuro que no es precisamente el inmediato (el mandato de cada magistrado del TC dura cinco años).

Los cuestionamientos se entienden y eran ciertamente previsibles. La verdad, no obstante, es que tienen respuestas también atendibles: por un lado, la comisión se formó a partir de un acuerdo de la Junta de Portavoces y tomando en cuenta que, por indicación de la Ley Orgánica del TC, no podía tener más de nueve integrantes. Es decir, si las bancadas presentes en el hemiciclo son hoy doce y FP, en virtud a la larga mayoría que ostenta, insistía en quedarse con dos asientos, algunos grupos parlamentarios iban a quedar forzosamente fuera.

Y por otro, la elección de los nuevos miembros del TC forma sencillamente parte de las atribuciones de la presente conformación parlamentaria y, si esta decide ir adelante con ella (o por lo menos intentarlo), a pesar o a propósito de la tesitura política que vive el país, no hay argumentos legales para impedírselo.

Lo que sí puede pedírsele, en cambio, es que por lo menos esta vez actúe con un sentido de responsabilidad que contraste con la actitud que la ha caracterizado hasta ahora. Esto es, que realmente seleccione –tanto a nivel de la comisión como en la votación final en el pleno– a los futuros integrantes de la mentada institución, en lugar de promover o patrocinar a personas cercanas a tal o cual sector político. Como, por ejemplo, al señor Wilber Medina Bárcena, exabogado de Alan García y excandidato de la Alianza Popular (de la que el Apra formó parte en las elecciones del 2016), propuesto por el legislador Javier Velásquez Quesquén del Partido Aprista.

Los magistrados todavía en funciones, a pesar de no estar libres de cuestionamientos, demostraron ser capaces de resolver asuntos tan espinosos como la inconstitucionalidad de la ley que prohibía la publicidad estatal en los medios privados o los cambios que se pretendió introducir a la cuestión de confianza por una vía inadecuada. ¿No pueden acaso los congresistas que hoy ocupan una curul en el hemiciclo empinarse sobre sus diferencias y asumir en este asunto una visión de largo plazo que garantice no un TC adicto, sino serio y competente?

Sabemos que es difícil, pero si lo consiguiesen, su imagen quedaría sellada para la posteridad con una impronta algo distinta a la que ha predominado hasta ahora.