En las últimas semanas se ha producido un notorio desencuentro entre los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, en torno al Impuesto a la Renta (IR) y la posibilidad de que el Ejecutivo lo modificase al amparo de las facultades legislativas que pensaba solicitarle al Congreso.
Lo cierto es que, por lo menos en una ocasión, el ministro Tuesta habló sobre la eventual conveniencia de cambiar ese tributo en lo que concernía al ‘tramo inafecto’. Esto es, a las rentas que estaban por debajo del monto anual que se consideraba adecuado gravar (7 unidades impositivas tributarias, equivalentes a S/29.050). Y luego el primer ministro Villanueva salió a desmentirlo o, como se suele decir coloquialmente, ‘enmendarle la plana’.
Veamos los elementos que permiten afirmar lo anterior.
En primer lugar, en el documento presentado el 2 de mayo para sustentar el pedido de facultades –y que compromete al gobierno en su conjunto– se consigna que “se propone modificar la Ley de Impuesto a la Renta con la finalidad de incrementar la recaudación”; y en la página 12, se menciona textualmente: “Modificar la determinación del IR de personas naturales, incluyendo renta bruta, renta neta, tramo inafecto y deducciones”.
El 16 de mayo, por otra parte, en su presentación ante la Comisión de Economía, Tuesta abordó el asunto de quiénes debían contribuir y su definición fue: “Todo el mundo, aunque sea con un porcentaje mínimo. Es decir, el sistema tributario requiere que todos nos mojemos”. Concretamente, además, en las diapositivas 18 y 19 de su presentación, se subrayó que el tramo inafecto a IR en el Perú es de los más altos de la región y que se requiere alinearlo con el de otros países.
Todo esto para explicar que el MEF evaluaba una reducción en la valla de ingresos de S/29.050 para aumentar el número de contribuyentes.
La noticia, por supuesto, produjo revuelo y, un día más tarde, algunos medios tuvieron oportunidad de preguntar al presidente del Consejo de Ministros al respecto. Sus respuestas fueron terminantes. “No estaba ni está en el radar [del gobierno] el tema del IR”, declaró a “Gestión”. Y a este Diario: “No estamos considerándolo como gobierno”.
El contraste era evidente. Bien sea porque en el Ejecutivo descartaron la idea que barajaban al conocer las primeras reacciones que había generado o porque no existió coordinación entre el MEF y la PCM antes de que cada uno de sus titulares se pronunciase, la contradicción se produjo. Y, habida cuenta de la jerarquía que corresponde a cada uno de los involucrados en la estructura del Ejecutivo, no es exagerado hablar de una desautorización.
Confrontado con esa realidad en una entrevista con este Diario, publicada el fin de semana pasado, no obstante, Villanueva sostiene: “No estoy enmendándole la plana al ministro ni él a nosotros. Es parte de una política global. Quizá se han malentendido algunas cosas”.
Y el esfuerzo por tapar el sol con un dedo resulta tan aparatoso que preocupa. Porque si bien puede llamar a alarma que el primer ministro desautorice a uno de los integrantes de su Gabinete, el hecho finalmente está dentro de lo admisible dentro de una línea de mando establecida. Bastante más grave, en cambio, parece la pretensión de negar lo que la ciudadanía tiene a la vista, pues el bien afectado en el camino es la credibilidad de un funcionario en el que, en este momento más que nunca, una mayoría del país necesita y quiere creer.
El recurso del ‘malentendido’ (que busca trasladar la responsabilidad del problema a los receptores del mensaje) es, por otro lado,antiguo en política pero no por ello eficaz.
Si el ministro Villanueva juzga necesario enmendarle la plana a un miembro del Gabinete, lo sensato es que exponga las razones de su decisión ante la opinión pública, no que las procure ocultar.