La mordaza no descansa

Tratar de amordazar a la prensa es una vieja afición de quienes acceden a posiciones de poder, aquí y en todo el mundo. En las democracias desarrolladas, no obstante, las alarmas institucionales y las de la opinión pública suenan inmediatamente, y tales intentos son desbaratados aun antes de haber sido cabalmente formulados. No es eso, en cambio, lo que sucede aquí. Entre nosotros, el proceso para frenar el avance de las zarpas censoras es habitualmente lento y trabajoso, y, en consecuencia, cada nueva encarnación de ellas se convierte en un peligro patente.

De hecho, en las últimas décadas, hemos visto múltiples materializaciones de esos afanes originadas en el Ejecutivo o el Legislativo, que solo después de un arduo debate público han logrado ser conjuradas. A veces esos ensayos han estado directamente orientados contra los medios o los periodistas, y otras, contra las fuentes mismas de la información cuya difusión se quiere impedir. Concretamente, contra los fiscales que pudieran estar investigando asuntos que comprometen a quienes promueven las iniciativas amordazadoras.

Sin ir muy lejos, cabe recordar el frustrado proyecto de ley que en su momento quiso sacar adelante el gobierno de Pedro Castillo para sancionar las filtraciones de las materias que estaban en manos del Ministerio Público. A la luz de todo lo que hemos conocido posteriormente sobre su paso por el poder, las intenciones que podrían haber animado esa vocación sancionadora quedan bastante claras. Pero, como decíamos, la pulsión silenciadora no es privilegio de quienes sujetan las riendas del Gobierno Central, sino que también se presenta –y con insistencia– entre quienes conforman el Congreso.

Esta misma conformación parlamentaria, por ejemplo, intentó modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, que tipifican la calumnia y la difamación, a fin de incrementar a cuatro años de prisión la pena aplicable a esos delitos cuando fuesen cometidos a través de medios de comunicación, libros, redes sociales y sitios web. La iniciativa fue presentada por el legislador de Perú Libre Segundo Montalvo, pero fue aprobada con el respaldo de 68 congresistas en la primera votación. Y solo después de la enorme controversia que la amenaza produjo, fue archivada en segunda votación (aunque cosechó todavía el apoyo de 46 representantes en la segunda votación).

Pero la mordaza –o por lo menos el afán de imponerla– no descansa, y por eso en estos días hemos asistido a la presentación de un nuevo proyecto para imponerla. En este caso, a los fiscales a cargo de los procesos de colaboración eficaz, haciéndolos responsables funcionales de “cualquier filtración que se realiza durante la tramitación” de uno de ellos. La filtración en cuestión podría tener relación con “la identidad y/o declaración del colaborador o [con] cualquier otra información proporcionada en el marco de este proceso” y debería determinar el inicio de oficio del “procedimiento disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales en las que incurra” el servidor civil. Es decir, se propone una sanción sin siquiera haber probado que la fuente de la eventual filtración es efectivamente el fiscal a cargo de la investigación.

En esta oportunidad, el promotor de la medida es el congresista Luis Cordero Jon Tay, perteneciente a ese hervidero de ‘Niños’ y mochasueldos que es la bancada de Acción Popular, y ha contado con las firmas de sus colegas Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Raúl Doroteo y Luis Aragón. Una lista en la que prácticamente cada nombre aporta una razón para querer silenciar a los fiscales y la difusión de ciertos intríngulis en los medios.

Sin embargo, si, como apuntábamos líneas atrás, la mordaza no descansa, tampoco lo hará la prensa ni la ciudadanía preocupada por proteger la relativa transparencia que le permite hoy en día estar al tanto de las prácticas que enturbian el ejercicio del poder de parte de algunas autoridades. Así lo han entendido organismos como el Consejo de la Prensa Peruana, que ayer emitió un pronunciamiento para cuestionar la iniciativa, y así también lo entendemos desde este Diario, pues este editorial aspira a hacer sonar las alarmas de la opinión pública sobre otro intento de mordaza.