Limbo permisivo

Los aliados de la minería ilegal en el Congreso avanzan hacia su objetivo. Como informamos hace poco desde este Diario, existían en el Legislativo hasta tres proyectos de ley para extender el plazo para la supuesta formalización de los mineros pequeños y artesanales ya inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, tras haber sido ampliado dos veces, vence este 31 de diciembre. Y decimos que tal formalización es solo supuesta, porque en los siete años de existencia de ese registro poco o nada es lo que se ha progresado en ese empeño. El Reinfo, como se sabe, ha servido esencialmente para que grupos de individuos que practican la minería ilegal sigan haciéndolo sin ser perseguidos por las autoridades.

Pues bien, ahora esos tres proyectos y uno adicional presentado por el legislador Guido Bellido han sido consolidados en un solo predictamen que, si bien ha entrado en un cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas, podría contar pronto con los votos necesarios para pasar al pleno. Y, vista la conducta de la mayoría de la representación nacional a propósito de esta materia, no sería extraño que luego consiguiera ahí también su aprobación.

La iniciativa de extensión del plazo, además, entraña esta vez un peligro mayor que en las anteriores, pues ni siquiera plantea una fecha límite para su nueva vigencia. El Reinfo, señala el proyecto, continuará funcionando hasta que el Gobierno presente oficialmente la ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE), de la que viene hablando desde hace tiempo sin materializarla. Aunque finalmente la presentara, por otra parte, bastaría que el Parlamento la objetase para que el limbo permisivo al que pretende llevarnos el mencionado predictamen continuara gozando de buena salud.

Felizmente, en esta oportunidad, las alarmas de la opinión pública están encendidas y hay ya circulando una iniciativa ciudadana para demandarle al Congreso que no extienda el plazo ya establecido para la extinción del Reinfo. Una campaña necesaria para hacerles saber a los congresistas que los estamos viendo.

Cabe recordar, por último, que la minería ilegal es un delito que viene asociado a otros tanto o más repudiables: la trata de personas, el trabajo de menores, la extorsión y el sicariato. Y que, por la gran cantidad de dinero que mueve, tiene una enorme capacidad de corromper a quienes deberían estar combatiéndola. Un afán que, evidentemente, viene teniendo éxito. Cerrarles el paso a quienes pretenden darle carta libre y sin plazo límite es urgente y fundamental.