Editorial: Pisoteo inventariado

Las denuncias sobre atropellos a los derechos humanos cometidos por la dictadura venezolana durante la última ola de protestas ciudadanas ciertamente no son un asunto novedoso. De hecho, en los últimos meses han circulado fotos, videos y testimonios en abundancia que han dado cuenta del trato abusivo y matonesco que diversos agentes del gobierno descargaron en contra de los manifestantes en reiteradas oportunidades.

Lo que no habíamos podido conocer con detalle hasta hace poco –debido sobre todo a la renuencia del chavismo a dejarse observar por ojos fiscalizadores de cualquier procedencia– era la real dimensión de estos episodios. Un reciente informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), sin embargo, acaba de aportar luces al respecto. El documento, publicado la semana pasada, da cuenta de las tropelías cometidas durante las manifestaciones civiles llevadas a cabo entre el 1 de abril y el 31 de julio de este año en Venezuela. Y lo que se revela es verdaderamente estremecedor.

Según el Acnudh –que tuvo que trabajar desde Panamá debido a la negativa de las autoridades chavistas para que ingresara al país–, Venezuela ha padecido en los últimos meses “niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al Gobierno”.

De las 124 muertes reportadas hasta julio, indica el informe, al menos 46 habrían sido ocasionadas por las fuerzas de seguridad oficiales, cuyos agentes dispararon a quemarropa perdigones, canicas, tuercas y balas para repeler a los manifestantes. El Acnudh, además, “constató que las fuerzas de seguridad habían utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones”, al punto de disparar gases lacrimógenos “en centros comerciales, universidades y hospitales, donde los manifestantes buscaban refugio”. Al menos 27 muertes más habrían sido causadas por los colectivos chavistas armados; y sobre otras 51 aún no existe información suficiente como para determinar responsabilidades.

El informe indica también que, según la propia fiscalía venezolana, las fuerzas del orden serían culpables de aproximadamente el 60% de los 1.958 casos reportados de heridos durante las protestas (el resto habría sido provocado por civiles armados), y que “los heridos tenían miedo de solicitar atención en los hospitales públicos por temor a ser detenidos por las fuerzas de seguridad, que al parecer buscaban a los manifestantes que recurrían a esos establecimientos”.

El estudio puntualiza asimismo numerosas detenciones arbitrarias, allanamientos “violentos e ilegales” a viviendas sin orden judicial y episodios truculentos de maltratos a los detenidos (algunos de ellos menores de edad), que incluyen prácticas de tortura como “descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixias y amenazas de violencia sexual y muerte”.

Al margen de estas revelaciones, y como si todo lo ya ocurrido no bastase, también la semana pasada la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –controlada en su totalidad por el gobierno– publicó un decreto que ordenó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia venezolanos iniciar procesos por “traición a la patria” a los políticos opositores que opinaron en favor de las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos contra importantes dirigentes chavistas. Y el último fin de semana, como se sabe, la dictadura cometió un nuevo atropello al prohibir la salida del país de la lideresa opositora Lilian Tintori, quien se disponía a iniciar a una gira por Europa para dar conocer lo que sucede en Venezuela.

Con todo esto, queda claro que desde que el chavismo anunció e impuso la ilegítima ANC, todas las acciones del régimen se han enfilado hacia la liquidación de cualquier resquicio opositor. Y lo que confirman tanto el informe del Acnudh como las recientes acciones de la satrapía encabezada por Nicolás Maduro es que, lamentablemente, en Venezuela ya no solo se pisotean cotidianamente las instituciones democráticas, sino también las garantías mínimas de quienes se atrevan a discrepar. Y eventualmente hasta sus cuerpos.