"A la hora de responder a las preguntas de la prensa, sin embargo, la primera ministra no estuvo igualmente atinada". (Foto: Andina)
"A la hora de responder a las preguntas de la prensa, sin embargo, la primera ministra no estuvo igualmente atinada". (Foto: Andina)
Editorial El Comercio

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La presentación del último miércoles de la, , para informar a la población sobre las nuevas decisiones adoptadas por el en torno a la segunda ola de la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo en el país tuvo aciertos y desaciertos.

Después del cortocircuito comunicativo que supuso la reunión que el presidente encabezó con similar propósito la semana pasada, hizo bien la vocera del Gobierno en anunciar prácticamente desde el inicio de la sesión lo que la gente ansiaba saber: que no se había dispuesto volver a un confinamiento absoluto, como el que debimos cumplir los peruanos en todo el territorio nacional al principio de la emergencia. Fue positivo, asimismo, que la primera ministra despejase rápidamente las dudas sobre una eventual postergación de las elecciones generales, un asunto que podría enrarecer la atmósfera de la campaña electoral ya en marcha.

A la hora de responder a las preguntas de la prensa, sin embargo, la primera ministra no estuvo igualmente atinada. Particularmente cuando un periodista le pidió aclaraciones acerca de cierta información aparecida en el medio digital Sucesos sobre supuestas órdenes de servicio generadas por el despacho presidencial. Según el portal de transparencia del Estado, desde Palacio se habrían comprado, entre otras cosas, tortas y ‘cupcakes’ por un valor de S/31.419, así como recordatorios de mármol por un valor de S/17.020, y zapatos para damas y caballeros por una cifra menor.

Ayer, la Secretaría General del Despacho Presidencial aseguró en un comunicado que algunos de los gastos en cuestión fueron hechos por el Gobierno anterior. Pero la respuesta de la presidenta del Consejo de Ministros tendría que haber sido meridiana: o bien desmentía la especie, o bien daba una explicación satisfactoria sobre lo ocurrido. La señora Bermúdez no hizo ni lo uno ni lo otro.

En una intervención que quería ser ingeniosa, la ministra, en cambio, señaló: “La verdad no tengo nada que decir, porque desde que he empezado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un quequito en Palacio”. Y más adelante añadió: “Todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM”. Como si la circunstancia de que ni los queques ni los zapatos presuntamente adquiridos por el despacho presidencial la hubiesen tenido a ella misma como beneficiaria acabara con el problema…

Lo cierto, no obstante, es que de eso no se trata la función que ella cumple en la presente administración. Como mencionábamos antes, la primera ministra es, por mandato constitucional, la portavoz autorizada del Gobierno y, en consecuencia, lo que correspondía era que, con absoluta seriedad, notificase a la ciudadanía sobre lo efectivamente sucedido, en lugar de salirse por la tangente con una lavada de manos personal.

Y si no estaba informada de la denuncia del referido portal (lo que sería un problema en sí mismo, pues si los periodistas ya estaban al tanto de la materia, no existe justificación para que ella no lo estuviera), debió ofrecer, por lo menos, interesarse cuanto antes en el asunto para poder dar una respuesta cabal a la brevedad. La transparencia de los manejos del dinero del Estado no es broma y, por lo tanto, no es aceptable que la jefa del Gabinete –la funcionaria más importante del Ejecutivo después del presidente de la República– la trate de esa manera.

Es cierto que no estamos hablando de cifras escandalosas, pero eso no debería hacer la diferencia. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué gastan las autoridades el dinero público. Y si los asesores de comunicación de la PCM o el gobierno en general no saben orientar a las autoridades que deben responder ante nosotros sobre cómo hacerlo, quizás haya que empezar a pensar en la conveniencia de reemplazarlos.