Editorial: Cuestionamientos a la confianza

El último jueves, el primer ministro Salvador del Solar remitió una carta al titular del Congreso, Daniel Salaverry, para solicitarle que convoque a una sesión del pleno a fin de “plantear la cuestión de confianza” anunciada en la víspera por el presidente Martín Vizcarra. El sustrato de dicho pedido, según la misiva, recae en un puñado de proyectos de ley del Ejecutivo –cuatro ya presentados y otro en camino– que están ligados a la reforma política que viene impulsando el Gobierno y para el que se formó una comisión de notables a fines del año pasado.

Como dijimos ya a propósito del anuncio del mandatario, la herramienta a la que ha recurrido el Ejecutivo tiene asidero en la Constitución, por lo que es su prerrogativa utilizarla. Lo que preocupa, más bien, es la manera en la que el Gobierno parece concebirla y que queda bastante explicitada en la carta firmada por Del Solar. En particular porque, al pedido en sí, el primer ministro le agrega dos consideraciones respecto a cómo y en qué plazos el Congreso debe aprobarlos antes de que el Ejecutivo los sobreentienda como rechazados. Veamos.

El documento, además de explicar sumariamente las cinco iniciativas atadas a la confianza, trae consigo una suerte de indicaciones con las que el primer ministro trata de instruir al Congreso acerca de la esencia de cada proyecto de ley que ellos consideran que no debe ser modificada. Formulaciones como “consideramos que dicho proyecto se desnaturalizaría si…” o “la esencia de dicho proyecto radica en…” no hacen otra cosa que trazar una especie de línea roja sobre la que el Legislativo no puede pasar al momento de debatir los proyectos.

En otras palabras, el ministro Del Solar ha exhortado al Congreso a que, para el caso puntual de sus cinco iniciativas, renuncie a una de sus funciones: discutir, y de ser el caso corregir, los proyectos de ley que llegan a sus fueros. Con ello, además, el Gobierno no solo da municiones a los congresistas que se quejan de que son tratados por este como una ‘mesa de partes’ sino que, además, transmite un mensaje que no deja de ser preocupante: el convencimiento de que sus propuestas, tal y como están formuladas, no necesitan de la revisión del Legislativo y que su aprobación tal cual han sido planteada es necesaria para “recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones”. Una actitud que, siendo sinceros, cuesta calificar como menos que arrogante.

Por otro lado, en su carta, el ministro Del Solar invoca al Congreso a que apruebe los cinco proyectos en primera votación (como se sabe, toda modificación constitucional como las propuestas por el Gobierno requieren ser aprobadas en dos votaciones) antes de que finalice la legislatura actual. Esto es, hasta el próximo 15 de junio. De lo contrario, advierte, “valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”.

En buena cuenta, pues, el Gobierno le ha dicho al Congreso que serán ellos, en última instancia, los que interpretarán si la confianza ha sido o no otorgada, dependiendo de cuánto se demore el trámite de los proyectos y de si estos han sido desnaturalizados.

Sería bueno, sin embargo, recordarle al Gobierno que las reformas que el país necesita –entre ellas, por supuesto, la política– no pueden nacer de la imposición y el amedrentamiento y deberían, más bien, gestarse a través del debate y el consenso. Y en este ejercicio, el Ejecutivo puede, como válidamente ha hecho, presentar sus iniciativas, pero teniendo en cuenta que el Congreso está también facultado para revisarlas.

La puerta para que ambos poderes del Estado trabajen de manera corresponsable, en fin, no está del todo cerrada y esperemos que pueda ser retomada una vez que se supere este impasse. Después de todo, una confianza obtenida por la fuerza siempre cargará con cuestionamientos.
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