La ofensiva de Cerrón

De “antidemocrático y anticonstitucional” ha calificado el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el proyecto de resolución legislativa presentado esta semana por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, que busca crear una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales. Y razón no le falta.

Darles la posibilidad a los legisladores de sancionar el trabajo de los magistrados equivaldría a destruir el principio de separación de poderes y le daría al Congreso la posibilidad de influir directamente en la judicatura. Es una facultad, como ha dicho el ministro de Justicia, “incompatible con nuestra Constitución”. Cerrón, sin embargo, ha defendido su propuesta argumentando que habría jueces y fiscales sobrepasando sus funciones y que “todos los peruanos deben ser investigados”. “Así como el Poder Judicial interviene en el Congreso, el Congreso también puede intervenir, porque es su función y no hay ningún problema”, aseguró.

Problemas, no obstante, hay muchos. Los jueces y fiscales, vale recordar, no están exentos de control. Sus instituciones cuentan con organismos de control interno y sus integrantes de mayor jerarquía son fiscalizados por la Junta Nacional de Justicia. Todos ellos, además, están sujetos a los límites que les imponen la ley y la Constitución. Lo preocupante no es que Cerrón ignore estas cuestiones, sino que actúa a sabiendas, como queda claro al revisar otros proyectos que viene impulsando y que tienen como objetivo dirigir y condicionar la labor de los magistrados.

Esta misma semana, por ejemplo, presentó una iniciativa para recortar las facultades de los jueces que tengan procesos de inhibición o recusación pendientes, reduciéndolas únicamente a la posibilidad de “realizar diligencias urgentes”. Antes, fue el autor de la ley que obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del investigado y su abogado, del proyecto que permitiría denunciar a jueces y fiscales por prevaricato en cualquier jurisdicción, de la iniciativa para reducir el plazo máximo por el que un juez puede dictar prisión preventiva, de la propuesta para que los hábeas corpus puedan ser presentados en cualquier lugar, entre otros.

Considerando que su hermano Vladimir se encuentra prófugo por corrupto desde hace casi un año y que él mismo se encuentra inmerso en una investigación por organización criminal, no es difícil detectar hacia dónde apunta esta ofensiva contra el sistema de justicia. No caigamos en sus falacias. La democracia no puede ser cándida ante este intento por avasallar uno de sus pilares.