La agenda de Waldemar

Esta semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso tenía programado el debate del predictamen elaborado sobre la base del proyecto de ley 6084/2023-CR. Sin embargo, la congresista Janet Rivas (Perú Libre), presidenta del mencionado grupo de trabajo, decidió pasar a un cuarto intermedio ante la falta de apoyos que habrían condenado la iniciativa al archivo. La noticia habría pasado inadvertida si no fuese por el contenido del proyecto y, en especial, por la identidad de su autor, el legislador Waldemar Cerrón.

La propuesta a la que nos referimos fue presentada el pasado 5 de octubre y persigue, entre otros fines, “evitar la criminalización de las organizaciones políticas” y “promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos” en caso de que “uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores, estén inmersos en una o varias investigaciones fiscales y/o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”. En otras palabras, busca bloquear la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser responsabilizados en procesos que impliquen a sus integrantes y blindar su patrimonio en el caso de que sus líderes sean investigados o sentenciados por delitos dolosos.

En la exposición de motivos del documento, el segundo vicepresidente del Parlamento sostiene que “es importante poner límites a la criminalización de las personas jurídicas vinculadas al interés público [como son] las organizaciones políticas”. Argumenta que estas ya se hallan “controladas, vigiladas y fiscalizadas bajo las facultades [con las] que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones” y que la aplicación de la ley contra el crimen organizado del 2013 “está poniendo [sic] ingobernable nuestro país”. Para su compañero de bancada, el parlamentario Flavio Cruz, el proyecto significaría, además, un paso en la tarea de fortalecer a los partidos políticos, que tanto demandan los partidarios de la reforma política.

No obstante, especialistas consultados por este Diario han advertido de los efectos que este cambio normativo podría tener sobre los procesos que actualmente enfrentan los líderes de los partidos políticos con presencia en el hemiciclo, desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón, el hermano prófugo de Waldemar. “Sería muy grave porque el resultado sería el de la impunidad”, ha dicho, por ejemplo, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado. Mientras que el abogado penalista Andy Carrión ha calificado el proyecto de “inviable”, porque mediante una ley “no puedes decir que un partido no será instrumentalizado para cometer delitos”.

No hace falta ser muy imaginativo para darse cuenta de que el congresista Cerrón tiene un interés particular en promover este proyecto. No solo porque el partido al que pertenece se encuentra en el centro de una investigación por el financiamiento de la campaña que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el 2021, sino porque esta alcanza a su propio hermano, el fundador y secretario general de la organización política, que se halla prófugo de la justicia por un caso de corrupción desde hace más de dos meses.

Lo más llamativo de este episodio, no obstante, es que este no es el primer proyecto que Waldemar Cerrón presenta para perturbar el accionar de la justicia. Hace un mes desde este Diario mencionamos que su proyecto para que se puedan plantear hábeas corpus ante cualquier juez –en lo que implicaría una resurrección del famoso ruleteo– tenía nombre propio (el de su hermano), y poco después el integrante de la Mesa Directiva del Congreso volvió a la carga presentando una iniciativa para modificar nada menos que 34 artículos del Código Procesal Penal que, a juicio de expertos en la materia, afectaría la manera en la que viene trabajando el Ministerio Público. Ello por no hablar de las veces en las que ha apoyado abiertamente propuestas legislativas del mismo corte, como la que afecta la colaboración eficaz.

El segundo vicepresidente del Congreso parece, pues, especialmente interesado en empujar cambios legales que afecten el accionar de la justicia, la misma justicia que ha condenado en dos instancias a su hermano y que tiene en la mira a su partido político. Así, nos encontramos ante una agenda legislativa con nombre propio a la que sus colegas no deberían respaldar.