Alberto y ‘Roberto’: el intercambio de favores entre magistrados y políticos

El común denominador en las declaraciones de Jaime Villanueva es el intercambio de favores entre magistrados y políticos. Sería paradójico que las investigaciones se hayan originado en un pacto de este tipo. Es muy probable. Los protagonistas serían el primer ministro Alberto Otárola y la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano. Quedan pocas dudas de que Moyano es el misterioso agente especial ‘Roberto’. Ella lo ha negado, pero las coincidencias entre el testimonio de Villanueva y los chats que sirvieron para incriminar a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides indican lo contrario. Además, fuentes de ambos lados consultadas para esta nota lo confirman.

El interés principal de Otárola habría sido impedir la presentación de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y él mismo, por su responsabilidad en las muertes de manifestantes. Al haber sido ministro de Defensa está más expuesto. Aunque hoy posee una red propia en el Congreso, mañana podría ocurrir cualquier cosa. Mantiene una relación cercana con Moyano, que podría calificarse de amistosa. De acuerdo con Villanueva, la congresista le pidió a Benavides que desestimara la carpeta por lesa humanidad contra los gobernantes. Quizá Benavides lo confirme. Al fin y al cabo, no la archivó.

Por otra parte, Moyano empezó a cultivar relaciones con Marita Barreto y los policías del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Les hizo una distinción, a la que no asistió Barreto porque Benavides no la autorizó. Otárola tuvo la cortesía de enviar un arreglo floral al velorio del padre de la fiscal, fallecido en el 2023. Otárola ha asegurado que Villanueva informaba a los medios sobre sus expedientes. A través de un reportero de “Panorama”, el programa que reveló la deslucida contratación de unas amigas suyas, Otárola le envió un recado a Villanueva, aludiéndolo por su especialidad: “Dile al filósofo que todo está bien”. Parecía el mensaje siciliano de alguien que estaba al tanto de que sería detenido. Claro que estaba informado. Cuando sobrevino el operativo, Benavides entendió que el gobierno estaba detrás, y de prisa alistó la denuncia constitucional para presentarla al Congreso horas después.

Según Villanueva, Benavides dialogaba con directivos de Fuerza Popular distintos a Moyano. Keiko Fujimori ha negado conocer a Benavides y haber autorizado algún canje de votos por favorecimiento en los procesos. Si Moyano entregó sus chats con Villanueva para que Benavides fuera destituida, es evidente el beneficio para la dupla Boluarte-Otárola, mas no tanto para Fuerza Popular. El jaque a Benavides podría haber asegurado que el gobierno no pusiera obstáculos a la libertad de Alberto Fujimori, pero ya venía asegurada por una resolución del Tribunal Constitucional. Es posible también que Moyano no calculara las consecuencias, subestimando la capacidad operativa de Barreto y sus policías. Al fin y al cabo, el Ministerio Público va a ser gobernado por alguien más distante que Benavides al fujimorismo.

Respecto de Barreto, quien sin duda la subestimó fue Benavides cuando, después de anunciarle su apartamiento del Eficcop, le concedió 15 días de estabilidad que ella empleó para preparar Valkiria V. No tuvo presente el tratamiento que le aplicó Barreto a Delia Espinoza, la fiscal suprema que ha empezado a investigar a los altos magistrados y congresistas implicados por Villanueva. Fue en el 2015, cuando estaba a cargo del Caso Orellana. Delia Espinoza, entonces coordinadora de lavado de activos, debía ejecutar una orden de exclusión a Barreto dispuesta por una fiscal superior, como resultado de la pérdida de un material incautado. A continuación, Barreto hizo llegar una denuncia contra Espinoza al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Indicó que su nombre figuraba en la libreta de un imputado, y que en un audio alguien la señalaba como amiga de los investigados. Sánchez retiró a Espinoza de la coordinación que desempeñaba (la reemplazaría Rafael Vela) y Barreto conservó el puesto. Espinoza demostró luego, fehacientemente, que las sospechas eran infundadas.

El símil de este ejemplo con el operativo Valkiria V es que comenzó defectuosamente, al punto que podría comprobarse que hubo dolo si fue simulada la antigüedad de la colaboración del agente especial Roberto. Sin embargo, esto no significa que Benavides vaya a terminar con buen pie. Depende de la comprobación de las declaraciones de Villanueva. Es previsible que las carpetas pasen del Eficcop a la fiscalía suprema de Espinoza, por el principio de unidad de la investigación, aunque Barreto podría dar pelea, quién sabe si con las mismas armas. Pero la ley establece que las carpetas deben unificarse en favor del despacho que investiga a los aforados. Así, Espinoza se convertiría en la magistrada más poderosa del Ministerio Público. Con Patricia Benavides y Pablo Sánchez heridos gravemente, y con Zoraida Ávalos inhabilitada, se proyecta como la próxima fiscal de la Nación. Nadie sabe para quién trabaja.

Benavides tiene varios frentes abiertos y bastaría que una sola irregularidad fuera demostrada para que su carrera termine. Un señalamiento delicado en contra suya concierne al congresista José María Balcázar, quien en noviembre del 2022 votó por archivar una denuncia constitucional en su contra, y a cambio habría obtenido una plaza de fiscal adjunta para su nuera. Otra afirmación amenazante de Villanueva –porque puede ser corroborada– es que Benavides archivó una carpeta que presumía una ilicitud de Pablo Sánchez en la contratación de la consultora Chisac, en el mismo momento en que Sánchez archivaba otra carpeta que comprometía a su hermana Ruth. Ambos expedientes podían ser archivables, pero el intercambio de favores sería lo ilícito. Si es cierto, caerían dos pájaros de un tiro. El señalamiento de que Sánchez archivó el Caso Chinchero en beneficio de Martín Vizcarra es obviamente más grave, pero el intermediario, un vizcarrista que trabaja en el JNE, difícilmente lo corroborará.

Rafael Vela es otro magistrado con problemas. Según Villanueva, recibía de él información sensible del JNE durante el período electoral, a través de un contacto cuyo teléfono celular está en custodia de la fiscalía por el Caso Chisac. Hay, por lo tanto, posibilidad de corroboración. Villanueva sostiene asimismo haber comunicado a Vela con Vladimir Cerrón para beneficiar a Pedro Castillo, una versión sobre la que hay controversia. Como es de ver, algunos dichos de Villanueva pueden parecer espectaculares, pero su impacto real está relacionado con la mayor o menor factibilidad de probarlos. Las sorpresas no han terminado. Si el filósofo verdaderamente va a continuar con sus memorias, es seguro que mencionará a un miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –ya serían dos– que le pidió favores al exministro de Justicia Félix Chero en su presencia. Alguien se lo ha advertido al juez de jueces, quien ya prepara su defensa. Señalada por aplicar distinto rasero a sus investigados, la JNJ ha perdido credibilidad.

En distintos momentos, Villanueva se refiere a la influencia del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, en magistrados del Ministerio Público. Al margen de la opinión que cada uno tenga sobre la línea editorial del medio, hasta donde se ha visto no existe apariencia de delito por parte del periodista. Incluso si algunos fiscales lo consideraron su gurú, ellos deben responder por sus decisiones. Lo que ha habido, desde los magistrados, es un uso ilegal de la información en casos emblemáticos –el de Alan García y Keiko Fujimori, principalmente–, que no fue investigado por la institución. Debería permitirse a los abogados divulgar las diligencias, acabando con el grotesco intercambio de favores entre fiscales y periodistas.