La silla de Ginebra

El próximo 10 de octubre, los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidirán si el Perú integrará el Consejo de Derechos Humanos (CDH), con sede en Ginebra. Es un foro de 47 países que se comprometen a conocer situaciones violatorias y hacer las recomendaciones pertinentes. Parecería contradictorio. Asumiendo que los examinadores deben predicar con el ejemplo, ¿no descalifica al Perú venir siendo señalado por reprimir criminalmente a manifestantes? Se han emitido varios informes especializados al respecto, incluido uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pueden añadirse otros indicios, como que existen varios proyectos legislativos para denunciar el Pacto de San José, a fin de abandonar el sistema de justicia interamericano. Además, que embajadas de ocho países destacaron en un comunicado la importancia de “la separación de poderes y la independencia de las instituciones”, una forma de decir que les preocupaba que el Congreso destituyera a la Junta Nacional de Justicia. Podría ocurrir, en efecto, que el Perú no sea elegido. Pero, tanto si accede como si fracasa, los hechos por los que fue expresada la preocupación no serán el único factor. También depende del comportamiento internacional peruano y del lobbismo ejercido, del intercambio de favores en función de intereses muy diversos. Como veremos, las posturas sobre estas causas en el terreno diplomático suelen ofrecer agudas contradicciones.

Un caso contradictorio es, precisamente, el comunicado de las embajadas. Siete de las ocho son de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Australia, Finlandia y Argentina. Hay democracias poderosas en la lista. Sin embargo, también figura México, que no tiene ninguna autoridad para hacer exhortaciones sobre separación de poderes al Perú. Para su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado, cuando en realidad pretendía cerrar el Congreso y descabezar el Ministerio Público. Después, AMLO se negó, ilegalmente, a entregar al Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. Recientemente declaró que no asistirá a la reunión cumbre de la APEC en Estados Unidos porque irá Dina Boluarte. Mayor inconsecuencia y enemistad no puede pedirse y, por lo tanto, la firma de México −que no tiene embajador en Lima debido al distanciamiento diplomático− despinta el llamamiento principista de las restantes delegaciones.

Volviendo al CDH de la ONU, cuyos integrantes son elegidos en votación secreta, las incongruencias saltan cuando se examina la lista. Hay 13 de países de África, 13 de Asia y Pacífico, 13 de Europa Oriental y Occidental, y ocho del Grupo de América Latina y El Caribe (Grulac). De acuerdo con Inés Pousadela, investigadora de Civicus, un monitor mundial de la participación ciudadana, en el CDH hay seis miembros con gobiernos totalitarios –China y Cuba, por ejemplo– y otros 13 estados donde el espacio cívico es usualmente reprimido. Además, otros 12 en los que tienen lugar determinadas obstrucciones a las libertades, sector en el que Civicus ubica a democracias tan distintas como Gran Bretaña, Brasil y el Perú, por causas disímiles. Solo 12 viven en sociedades abiertas o con ciertas limitaciones. Aunque es posible discutir si algún país está bien o mal clasificado, salta a la vista que el club de los 47 admite socios con y sin pedigrí democrático.

Para las dictaduras es un buen negocio pertenecer al CDH, porque desde allí se protegen de condenas con el apoyo de regímenes aliados. El sistema les permite una presencia casi continua. Un país ejerce por tres años con posibilidad de reelección inmediata y luego, dejando pasar un año, puede otra vez ser elegido y aun reelegido. Un caso especial es el de Rusia, que vuelve a postularse después de que, en abril del 2022, a causa de los miles de civiles asesinados y torturados en Ucrania, fuera suspendida del CDH con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. De América Latina, el Perú, Argentina y Uruguay, entre otros, votaron a favor, mientras que Bolivia, Cuba y Nicaragua lo hicieron en contra (Venezuela los hubiera acompañado, pero estaba inhabilitada por falta de pago de sus cuotas). Brasil y México se abstuvieron. China, que aparte de ser una dictadura es continuamente acusada de reprimir activistas y de violar los derechos humanos de la minoría uigur, también busca la reelección, lo mismo que Cuba. Un país atrozmente represor como Burundi, que suele ser mencionado como el más pobre y menos feliz del mundo, quiere tener su primera experiencia en el CDH mediante las elecciones de los próximos días.

No todos se pelean por estar en el CDH. En el 2023 vence el período de 15 miembros y solo hay 17 postulaciones, ya sea para debutar o para repetir el plato. Como la elección se da por zonas, cada silla vacía es ocupada por un país de la vecindad. En tres de las cinco regiones no habrá competencia, porque hay igual número de vacancias y postulaciones. En cambio, la habrá para Europa Central y Oriental, de donde salen dos (República Checa y Ucrania) y desean ingresar tres: Albania, Bulgaria y Rusia. En el Grulac vence el período de Cuba, Chile y Bolivia. Cuba pretende ser reelegida, Brasil y el Perú buscan reingresar –ya estuvieron en períodos anteriores–, y República Dominicana procura ser miembro por primera vez. De estos tres postulantes, uno se quedará afuera. Cuba y Brasil tienen mayor trayectoria de alianzas y son favoritos, de modo que el rival directo del Perú sería República Dominicana.

Pese a la infiltración de gobiernos represores, el CDH es un espacio útil para las víctimas, pues recibe denuncias sobre los abusos más graves y, a continuación, realiza un seguimiento. De otro lado, somete a los países a un examen periódico sobre su respeto a los derechos humanos, mediante informes independientes y los respectivos descargos. Los estados problemáticos no se quedan cortos de palabras. China postula distintos paradigmas para evaluar los deberes, restando relevancia a los relativos a las libertades –de manifestación, por ejemplo– para realzar la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Bajo estos parámetros, a decir del canciller Quin Gang, el pueblo chino estaría cerca de encontrar su felicidad. En esta nueva visión, los derechos humanos no deben ser motivo de polarización ni de enemistad entre los estados.

La candidatura del Perú fue presentada en el 2022, cuando era canciller César Landa y presidente Pedro Castillo. En marzo pasado la delegación ante las Naciones Unidas presentó una nota con argumentos: política de promoción de los derechos humanos desde el 2000, cumplimiento de sentencias del sistema interamericano, entre otros. Este año, el Perú aceptó 192 de 206 recomendaciones que recibió al cabo del Examen Periódico Universal al que se presentó en el CDH. Respecto de las observaciones que hizo la CIDH luego de las muertes de manifestantes, algunas muy pertinentes, el Estado se comprometió a considerarlas, aunque el déficit investigativo juega en contra. El caso de Venezuela muestra que la mala conducta es y no es decisiva. En el 2019 logró ingresar al CDH pese a un duro informe de violaciones de la alta comisionada Michelle Bachelet. Nicolás Maduro lo celebró por todo lo alto, pero tres años más tarde no pudo conseguir los votos para reelegirse. Fue después de que una misión documentara torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores. A Cuba le fue mejor en el 2020, cuando consiguió entrar sin complicaciones luego de asegurarse que ningún otro país en el Grulac rivalizaría con su candidatura. Ahora compite con el Perú atrayendo mejores pronósticos. Con la mano en el pecho, ¿alguien podría decir que Cuba tiene mejor trayectoria que el Perú en materia de derechos humanos?