Ricardo Uceda

Hay quienes piensan aún que el expresidente fue víctima de una conspiración. Pero la reciente sentencia de la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no deja margen de duda. Premió con pena ínfima la delación de alguien que le consiguió sobornos cuando era gobernador regional. Existen dos historias bajo escrutinio judicial. Los representantes del consorcio Obrainsa Astaldi dijeron haberle pagado un millón de soles para ejecutar un proyecto en Lomas de Ilo. Por otra parte, el dueño de Asesores Técnicos Asociados (ATA), , reveló que las empresas ICCGSA e Incot pagaron S/1,3 millones para que les fuera adjudicada la ampliación del hospital de Moquegua. Esta última es la confesión validada. Fue un acuerdo entre Hernández y el fiscal Germán Juárez Atoche.

El acuerdo debía sostenerse en delaciones veraces. Aunque el proceso de corroboración es complejo, en el fondo solo importaban tres preguntas. La primera: ¿qué pruebas aportó Hernández de que el soborno efectivamente se concertó? Según la sentencia pudieron reconstruirse los diálogos y contactos personales que en noviembre del 2013 condujeron al pacto ilegal. ICCGSA/Incot habían ganado la licitación por haber presentado los mejores precios. Vizcarra les pidió bajarlos más, lo que hicieron en un 2,4% de la oferta original. Como no se anunciaba el resultado, los postores recurrieron a Hernández para enlazarse con Vizcarra, quien respondió, por su intermedio, que solo autorizaría el contrato a cambio de S/1,3 millones. Ellos aceptaron y el documento se suscribió el 18 de diciembre, cuando faltaba un año para que venciera el mandato de Vizcarra como gobernador.

Hernández probó su amistad de muchos años con Vizcarra mediante chats que acreditan saludos navideños, visitas familiares, desayunos, cenas, bromas de amigotes. En el 2013 hubo 156 llamadas entre ambos, 95 en el 2014. La concertación fue corroborada por un gerente de ICCGSA, Rafael Granados, quien confirmó haberle pedido a Hernández contactar a Vizcarra, haber recibido su mensaje de que el contrato estaba condicionado a la entrega de dinero, y responder afirmativamente luego de hacer consultas. Javier Jordán, de ICCGSA, sostuvo que Granados le comunicó el requerimiento y que él, a continuación, puso al tanto a su socio Jorge Iturrizaga, de Incot. Fue acreditado que Iturrizaga, luego de una negativa inicial, finalmente accedió a pagar. Otro gerente de ICCGSA, Fernando Castillo, admitió que los acuerdos le fueron comunicados. Analizando los mensajes telefónicos y otros documentos, la fiscalía comprobó que los intercambios comenzaron durante la reunión de CADE 2013, en Paracas, y culminaron en Lima.

La segunda pregunta era igual de sencilla: ¿hay pruebas de que el dinero fue pagado? Al respecto existen evidencias hasta para decir basta. El soborno pactado en diciembre del 2013 fue entregado en fracciones hasta el 2016, y no sin que Vizcarra reclamara, al comienzo, por los retrasos en que incurrían los empresarios pese a que ya habían recibido un adelanto por parte del gobierno regional. A comienzos del 2014 le insistía a Hernández para que le recordara a Granados, de ICCGSA, que ya había pasado febrero y concluía marzo, y él seguía sin cobrar. Hernández hizo la gestión. El 25 de marzo le escribió el siguiente mensaje a Granados: “¿Alguna novedad sobre el pedido del amigo del sur?”. La respuesta de Granados fue inquietante: “Estamos analizando pero no encuentro la forma”.

Luego, los desembolsos fluyeron sistemáticamente. En el 2014 y el 2015, Hernández recogía de ICCGSA sobres con cantidades de entre S/100.000 y S/200.000, y su chofer los entregaba a Vizcarra en su departamento de la avenida Dos de Mayo, en San Isidro. En tres ocasiones, Vizcarra fue a las oficinas de ATA, en Lince, y Hernández le dio el dinero directamente. En el 2015, en una ocasión, recibió US$30.000 en la oficina de ICCGSA, de manos de Rafael Granados. La última entrega ocurrió el 15 de agosto del 2016, en la casa de Hernández, donde Fernando Castillo le dio US$60.000. Vizcarra, que ya era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, le había recordado a Hernández que les dijera a los de ICCGSA que aún le debían un saldo. Cuando le confirmaron que lo recibiría, fue a recogerlo a casa de su amigo, que a la sazón era ministro de Agricultura.

Las conversaciones por WhatsApp de los involucrados acreditan los pagos en todos sus extremos. El chofer de Hernández, Carlos Antonio Aranda, corroboró que por encargo de su jefe llevó los sobres para Vizcarra. Granados, de ICCGSA, aseguró que en seis u ocho ocasiones le entregó el dinero a Hernández para que se lo diera a Vizcarra. En una oportunidad lo hizo él personalmente; en otra, Fernando Castillo. A su vez, Castillo confirmó que fue citado por Hernández para transmitirle el mensaje de Vizcarra respecto de lo pendiente. El día del pago, en su teléfono quedaron registradas las indicaciones de Hernández para que llegara a su residencia en La Molina. A Castillo lo llevó su chofer, Segundo Salazar, quien testificó en ese sentido. También quedaron para la historia las indicaciones de Hernández a Vizcarra, pues le envió su dirección por WhatsApp. Remató con un mensaje de agente secreto: “No te olvides que el Grupo 5 empieza a tocar en mi casa 8 p.m.”.

En fin, la fiscalía llegó a saber de dónde salieron los 1,3 millones. Los ejecutivos de ICCGSA obtuvieron un proveedor que facturó cuatro veces por servicios nunca prestados y luego ingresó el dinero a la empresa para que esta pudiera tener el efectivo destinado al soborno. Están comprobadas las facturas, la identidad de quienes participaron, las fechas, todo. Así, pues, ya puede creerse firmemente que Vizcarra es un coimero. Pero esta delación premiada aún permite contestar una tercera pregunta: ¿qué hizo Vizcarra para conocer lo que de él investigaba el Ministerio Público? Sobre el punto, Hernández reveló otro hecho extraordinario.

Era 14 de mayo del 2019. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ya estaba con prisión preventiva en su domicilio. El mes anterior, Alan García se había suicidado. Vizcarra era un paladín de la lucha anticorrupción. Ese día, El Comercio informó, en su primera página, que el fiscal Juárez Atoche había pedido prisión para cuatro empresarios del ‘club de la construcción’. Vizcarra le envió un mensaje a Hernández para reunirse por la noche. Cuando estuvieron juntos, le dijo que tenía información de que uno de los ejecutivos de Obrainsa podía haber entregado información a la fiscalía respecto de pagos que le hicieron cuando era gobernador regional. De esta manera Hernández supo, de la propia boca del presidente, que también había recibido sobornos por la obra de Lomas de Ilo. Ya lo suponía. Vizcarra le pidió hablar con los dueños de Obrainsa, ICCGSA e Incor, para saber si pensaban delatarlo o si ya lo habían hecho. Estaba alarmado por un mensaje de Twitter circulante, según el cual el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry tuvo información sobre los sobornos que había recibido en Moquegua. Hechas las consultas, Hernández le trajo noticias poco tranquilizantes algunos días después. Nadie había hablado, pero Ernesto Tejeda, de Obrainsa, en ese momento prófugo, había solicitado ser colaborador eficaz.

¿Qué nos dice esta información? Que hay un elemento más para sostener que Vizcarra también recibió sobornos por Lomas de Ilo. Las confesiones de los delatores por este caso muy probablemente serán convalidadas por un juez en sentencias próximas. Además, nos dice que desde mediados de aquel año –el cierre del Congreso se produjo el 30 de setiembre– Vizcarra presidió sabiendo que en cualquier momento quienes lo sobornaron podían hablar. Cómo será gobernar así… Diríase que no se puede pensar en otra cosa.

Ricardo Uceda es periodista

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