El caso de los 33 asesinatos

La designación por el presidente Pedro Castillo del general Vicente Álvarez como jefe de Estado Mayor de la PNP tiene implicancias que merecen un detenido análisis. Está imputado de liderar una organización ilícita de policías, que asesinó a 33 delincuentes. También es acusado de robo de gasolina, algo angelical comparado con lo primero. El cargo le otorga poder sobre la Diviac, cuyo jefe, el coronel Franco Moreno, descubrió al grupo criminal, actualmente procesado. Cuando el caso fue denunciado en el 2016 por el exministro del Interior Carlos Basombrío, se dejaron oír numerosas voces hostiles. Ahora existe una sentencia basada en pruebas. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a un grupo de expolicías que el 27 de febrero del 2015, actuando al mando del entonces comandante Raúl Prado Ravines, asesinó a cuatro personas en un falso operativo en Piura. Durante el juicio, el fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas demostró que un infiltrado convenció a las víctimas para realizar un golpe fácil, brindándoles los datos indispensables. En esa certeza, ‘asaltaron’ una camioneta en la que creyeron viajaba un empresario con S/150.000. En realidad, había policías que abrieron fuego.

Los ejecutores recibían beneficios institucionales, según un modelo en funcionamiento. El tribunal, ante la rotundidad de las pruebas, que incluyeron confesiones, les impuso las penas más elevadas. En esta oportunidad, el fiscal Rodas no acusó a Álvarez, respecto de quien presumía un rol directriz, porque tenía evidencias incontrastables para condenar a los autores materiales, no tanto a quien estaba más arriba. El ciudadano colombiano Henry Olguín, desde el interior de una vivienda, grabó el remate de un herido. Además, fue posible reconstruir toda la conspiración criminal dentro de la PNP.

Esta fue una de las tres investigaciones que abrió el Ministerio Público por los homicidios del denominado Escuadrón de la Muerte. No figuran acumuladas porque actuó a lo largo de varios años y los casos están en distintas etapas procesales. Cuando sucedieron los crímenes de Piura, el grupo de policías ya había matado a 24 personas. El fiscal Rodas documentó tres muertes en Santa Anita, Lima, el 11 de junio del 2012, cuando incautos delincuentes atacaron un vehículo en el que creyeron viajaba un empresario narcotraficante con el dinero producto de una transacción, y del cual salieron sus victimarios disparándoles. El 6 de setiembre del mismo año, en el fundo La Floresta, en Chincha, los policías asesinaron a dos asaltantes de un auto que suponían repleto de fertilizantes. En Puente Piedra, el 18 de noviembre, fueron acribillados cuatro hombres dispuestos a apoderarse de un cargamento de droga, de acuerdo con la información que recibieron. Poco después, el 4 de diciembre, seis delincuentes fallecieron baleados en Chiclayo. El escuadrón los recibió a plomazos cuando iban a asaltar a un empresario que, según les dijeron, acababa de retirar dinero del banco. En el 2014 hubo tres matanzas más, en Santa Anita, Chincha y Ate Vitarte, con un saldo de nueve víctimas. Al año siguiente, sucedieron las muertes de Piura. Finalmente, el 29 de junio del 2015, se produjo una matanza en la avenida Ramiro Prialé, al noreste de Lima. Cinco cuerpos quedaron agujereados. Una cámara captó el momento en que uno de los policías remata a un herido.

Las 33 muertes ocurrieron a espaldas de cinco ministros del Interior: Wilver Calle (3), Wilfredo Pedraza (6), Walter Albán (6), Daniel Urresti (9) y José Pérez Guadalupe (9). Algunos confesaron haberse informado después, por los medios de comunicación. El alto mando de la PNP sí estuvo enterado, a partir de la denuncia pormenorizada del entonces comandante Franco Moreno –uno de cuyos hermanos fue víctima en un operativo– presentada en enero del 2015. Los asesinatos de Piura y Ramiro Prialé fueron realizados luego de que los jefes de Inspectoría y los miembros de un tribunal de disciplina hubieran sido alertados por un informe oficial. Los ejecutores tenían certeza de su impunidad. Cuando, en el 2016, el fiscal Rodas empezó su investigación, agrupando, hasta donde era posible, las distintas matanzas, confirmó un patrón: actuaba un mismo grupo procedente de varias dependencias (Digimin, Dircote, Dirin, Divinrob, SUAT), que primero embaucaba a delincuentes para que emprendieran asaltos, luego los mataba a tiros durante la acción, y posteriormente reportaba muertes por enfrentamiento. El jefe operativo siempre era Raúl Prado Ravines. Los participantes recibían premios y ascensos, el móvil de los crímenes. El fiscal sostiene que el general Vicente Álvarez protegía al grupo desde que comandó la Dircote, en el 2013.

Cuando dirigió la policía antiterrorista Álvarez formó con los inculpados un equipo especial para combatir la criminalidad organizada, objetivo ajeno a las líneas de trabajo de la dirección. Gestionó el traslado del personal que participó en operativos para eliminar delincuentes, firmó órdenes de operaciones y recomendó posteriormente los reconocimientos. En el 2016, cuando Álvarez dejó la Dircote para prestar servicios en la Dirin, el organismo de inteligencia de la PNP, se llevó consigo al personal del escuadrón, para continuar ejerciendo la tutoría, de acuerdo con la imputación. La fiscalía le atribuye, en su calidad de líder de la organización criminal, la autoría de 16 asesinatos en Chiclayo, Santa Anita, Ate Vitarte y la avenida Ramiro Prialé, entre el 2013 y el 2015. Las evidencias provienen de un colaborador eficaz y de la posición de comando que ostentaba. El fiscal las expuso en junio pasado, cuando pidió prisión preventiva por 36 meses contra Álvarez.

En la audiencia, el imputado sostuvo que las órdenes que suscribió en la Dircote estuvieron firmadas también por otros oficiales a quienes no se atribuye delito, y que en la Dirin no ejerció posición de mando. El juez Víctor Raúl Zúñiga le impuso comparecencia con restricciones. La sustentó indicando que había fundamentos para suponer que Álvarez estaba comprometido con los crímenes, mas no con el nivel de gravedad exigido por los actuales estándares para prisiones preventivas.

El juez no quedó muy convencido de la explicación de Álvarez sobre su inocuo papel en la Dircote, lo que apoyaría una convicción de culpabilidad, aunque expresó dudas sobre su poder en la Dirin, cuando sucedieron las últimas matanzas. Le creyó al exministro Urresti, quien declaró que allí desempeñaba un rol intrascendente. Urresti llegó al lugar de una de las matanzas del 2014 acompañado de César Prado Ravines, y luego la televisión lo mostró hablando con Álvarez. ¿Qué tenía que hacer en el lugar de los hechos un oficial irrelevante? Urresti demuestra tener buen olfato para algunas cosas, y para otras no. El juez tampoco le dio importancia al colaborador eficaz ofrecido por la fiscalía, pese a que él mismo aprobó sus beneficios, luego de corroborar lo que dijo.

Sin embargo, importa poco ahora discutir el razonamiento del juez para una medida cautelar. Los asuntos de fondo del caso se verán en un juicio oral, probablemente el próximo año. El juez no entró al análisis del funcionamiento de la organización criminal, cuya realidad fue establecida por la sentencia de Piura. Prado Ravines, el ejecutor, no tenía poder para asignarse operativos, personal, presupuesto y premios. Actualmente continúa prófugo, así como todos los expolicías sentenciados y con prisión preventiva. Siendo esto pésimo –tantos muertos, ningún detenido– resulta peor que el supuesto promotor de crímenes abominables sea jefe operativo de la PNP, como cabeza del Estado Mayor. Al gobernar Pedro Castillo, Álvarez incluso podría ser director general. Antes tendría que estar demostrado que no hay pruebas en su contra o, en su defecto, pagar su culpabilidad con cárcel. La justicia le está garantizando un debido proceso.