Ricardo Uceda

Esta historia comenzó en el 2014, cuando Yanet Guerrero, de 23 años, denunció que su padre, encarcelado por supuesta complicidad en un asesinato, era víctima de una conspiración de autoridades corruptas de Amazonas. A una docena de ellas les atribuyó diversos delitos ante la Procuraduría Anticorrupción. El crimen fue esclarecido y confirmada la inocencia del detenido. Por falta de pruebas, dos magistrados superiores imputados por Guerrero nunca enfrentaron una acusación judicial. La Suprema de Control Interno del los investigó por, supuestamente, haberle pedido dinero. En el 2017, luego de que Guerrero cambiara su versión, declarando a un fiscal que firmó sin leer acusaciones redactadas por su abogado Juan Quispe, del Instituto de Defensa Legal, la denuncia contra ambos fue archivada. Fin del primer capítulo.

La segunda parte tuvo lugar mucho después de la denuncia. Este año, uno de los magistrados, Juan Fernández Jerí, fue elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) primera autoridad nacional de control de Ministerio Público, con rango de fiscal supremo. Es un cargo nuevo. El responsable de la probidad funcional ya no será nombrado porque tiene la confianza del fiscal de la Nación, en un contexto de rivalidades y dudosa imparcialidad. La designación de Fernández resultó de un proceso de cinco meses, minuciosamente organizado. Mientras la JNJ evaluaba a los postulantes –sus conocimientos, su currículo, sus respuestas durante una entrevista personal–, la Contraloría General de la República buscaba sus antecedentes. Verificaba cada objeción que recibió en su carrera, cada denuncia o tropiezo. El Ministerio Público solicitó a las fiscalías del país información sobre procesos en curso. Hubo un período para las tachas, de más de cien días, a fin de que cualquier persona señalara impedimentos. Al final, la JNJ eligió por unanimidad a Fernández luego de que obtuviera el más alto puntaje. Una nota de prensa anunció que sería juramentado el 20 de abril pasado. Fue entonces cuando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirigió a la JNJ para pedirle que no fuera considerado porque en el 2014 pidió una coima en Amazonas.

En el tercer episodio, la JNJ, asustada, suspendió la juramentación. El proceso tan escrupuloso y reglamentado que diseñó fue puesto aparte porque, según le explicó a Fernández, había que cuidar la legitimidad del magistrado electo. Con diferente estándar citó al suspendido para una audiencia pública de descargos y a la denunciante para otra sesión de carácter reservado. Pues resultaba que Yanet Guerrero, luego de firmar una acusación en el 2014, y de retractarse en el 2015, en el 2022 reasumía su versión original en los mismos términos. No fue la única veleidad. La Procuraduría Anticorrupción recién se acordó que ocho años atrás había denunciado a Fernández, y pidió al Ministerio Público ser notificada de los resultados. Este lo hizo en menos de una semana. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Bersabeth Revilla, sostuvo que el archivamiento, en el 2017, había sido notificado a todas las partes… ¡menos a la Procuraduría Anticorrupción! Acto seguido, desarchivó el expediente. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Fernández pasó de proclamada Autoridad Nacional de Control a ser un donnadie. Y su hoja, sin objeciones hasta el concurso, mostraba un proceso abierto.

El cuarto episodio se desarrolló en el Ministerio Público. La Procuraduría Anticorrupción, tras el desarchivamiento del caso, pidió que se continuaran las investigaciones, pues, a su juicio, faltaban diligencias. Aún no había terminado abril. El pedido estuvo allí, sin respuesta por parte de un magistrado adjunto encargado de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. El 1 de julio asumió la titularidad de ese despacho Pablo Sánchez, luego de que culminara su interinato como fiscal de la Nación. El dilema era sencillo: ¿estuvo o no bien archivado el expediente? Mientras tanto, en la prensa habían aparecido versiones en el sentido de que la JNJ estaba a punto de entronizar a un coimero en la cúpula del Ministerio Público. Comentarios que se aderezaban con el inquietante dato de que el archivamiento fue firmado por Víctor Raúl Rodríguez Monteza –destituido por la JNJ por vínculos con Los Cuellos Blancos– cuando era fiscal supremo de Control Interno.

Sin embargo, los hechos del expediente eran incontrovertibles. Yanet Guerrero dijo en su denuncia que el juez Gonzalo Zabarburú le pidió S/80.000 para liberar a su padre, según le contaron su hermano y su madre, quienes lo supieron por Alfonso Llagas, un abogado de la familia. En la investigación Llagas lo negó, aseverando incluso que no conocía a la denunciante ni era abogado del padre. Guerrero también sostuvo que el fiscal Juan Fernández le solicitó personalmente otros S/80.000, en Lima, delante de su amigo Ricardo Guevara, quien vino desde Amazonas para acompañarla. Su amigo, agregó ella, había coordinado la operación luego de almorzar con José Antonio Peláez Bardales, entonces fiscal de la Nación. Pero Guevara negó todo. En una diligencia de campo, Guerrero no pudo reconocer el edificio donde aseguró haberse reunido con el fiscal. La empresa CIVA, en la que supuestamente había viajado Guevara, desmintió que hubiera sido su pasajero. En la fiscalía de Amazonas, la propia Guerrero admitió no saber lo que había firmado. No se presentó a declarar en la investigación posterior que hizo Control Interno. Recién después del anuncio de que Fernández ganó el concurso de la JNJ, reapareció –junto con el abogado redactor de la acusación, Juan Quispe– para decir que la fiscalía no investigó cabalmente los hechos denunciados.

Por su parte, Juan Fernández Jerí empezó a pedir a la JNJ que le tomara juramento, de acuerdo con las condiciones preestablecidas del concurso de méritos. Hasta la fecha, contando desde el 13 de abril, cuando fue anunciada su victoria, le envió 12 comunicaciones, que vienen a ser prolegómenos de un litigio en regla. Se suponía que la JNJ, para juramentarlo, estaba esperando que concluyera la investigación reabierta del Ministerio Público, que podía extenderse por tiempo indefinido. Pero el pasado 11 de julio se expidió el dictamen, que vendría a ser el último acto de este drama judicial. Pablo Sánchez dispuso, ahora sí, el archivamiento definitivo de la carpeta, después de comprobar que la retractación de Guerrero efectivamente se produjo y que que la denuncia carecía de solidez. Remató indicando: “No se puede presumir que el fiscal denunciado haya invocado influencias para obtener beneficio”.

Habiéndose pronunciado el Ministerio Público hace un mes, finalizando la historia, ¿qué espera la JNJ para juramentar a Juan Fernández? Mientras estuvo en el limbo, este pidió varias investigaciones, por ejemplo para determinar cómo una fiscalía suprema dejó de notificar un archivamiento a una de las partes, explosivo capaz de viciar un proceso. O por qué un juez constitucional no protegió sus derechos cuando lo requirió. Y está a un paso de denunciar a la JNJ ante el Congreso. Mirando hacia atrás cobra sentido esta hipótesis: no se esperaba que Fernández, políticamente incorrecto porque fue importante durante la gestión de José Antonio Peláez, venciera en la competición. Por eso nadie contrario a este defecto de origen (que no podía estar prohibido en las bases) interpuso tacha a tiempo. El favorito era el segundo, alguien aceptado por magistrados con poder en el sistema y por grupos que perderían influencia en la etapa de la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Quizá en beneficio de otros, ya se verá. Lo cierto es que contra este segundo hubo una tacha fuera del plazo reglamentario, la misma falla que tuvo la objeción a Juan Fernández. Solo que en ese caso la JNJ –oh, doble moral– la rechazó por extemporánea.

Ricardo Uceda es periodista

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