El fiscal periodista

Las memorias de Jaime Villanueva han disparado varias investigaciones de carácter penal, pero la esencia del problema –que es la politización de la justicia– difícilmente será atacada por los juicios que se produzcan, si llegan a realizarse. El problema específico depende de una reforma de fondo, no de la severidad de las penas. Los procesos demorarán varios años con imputaciones de difícil probanza: dichos que serán contradichos, ausencia de colaboradores eficaces verdaderamente eficaces, dificultad para demostrar una estructura delictiva. El principal cargo es la pertenencia a una organización criminal.

¿Quién estaba a la cabeza? ¿Patricia Benavides, Pablo Sánchez o Zoraida Ávalos, tres magistrados que tuvieron el poder? ¿El mediático fiscal Rafael Vela? ¿El periodista Gustavo Gorriti, como insensatamente se repite? En este último supuesto habría que demostrar algo subjetivo: su influencia en la voluntad de fiscales, ya fuera por culto a la personalidad o técnicas de manejo de la mente.

Esto no minimiza la necesidad de una exhaustiva investigación. Las presunciones son que la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides habría pagado con favores votos en el Congreso, y que hubo una confabulación para perseguir judicialmente a Keiko Fujimori y Alan García, entre otras. Sin embargo, desde antes de que Villanueva saltara a la fama, había indicios de politización que fueron ignorados por los organismos contralores y por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La JNJ consideró una falta menor que dos fiscales se hubieran reunido con el expresidente Martín Vizcarra, que tenía vinculación con un imputado. Ante una contradicción sobre la fecha exacta de la ocurrencia, tampoco quiso saber quién fue el fiscal de la Nación durante el suceso.

Un atenuante es que cuando la manipulación política fue evidente, hacia el 2018, tanto la JNJ como la Autoridad Nacional de Control aún no nacían. También es cierto que en los procesos de mayor politización –Lava Jato y Los Cuellos Blancos– había escandalosas señales de corrupción con aparentes culpables a la vista. La opinión pública estaba pendiente de cada revelación de impacto. Sin embargo, el sistema judicial debió investigar la presunta concertación entre fiscales y jueces para obtener prisiones preventivas y la violación de la reserva de las investigaciones para posicionar como delincuentes a determinados políticos. La filtración hacia la prensa amiga se convirtió en un procedimiento indispensable para los equipos especiales de fiscales. Usualmente se mencionan como lo más notorio las transmisiones en vivo de lo que decían sospechosos o testigos, pero el mecanismo rebasó los casos emblemáticos. Fue empleado hasta para resolver las pugnas entre fiscales. En algunas situaciones los medios han debido optar entre sus fidelidades.

En Brasil, los procuradores que investigaron el Caso Lava Jato lanzaron un mensaje social: debía haber una alianza entre la ciudadanía y los operadores de justicia, que necesitaban respaldo para enfrentarse a los políticos deshonestos. ¿Qué mejor aliada que la prensa justiciera? La idea fue tomada al vuelo por Rafael Vela y José Domingo Pérez. Mientras tanto, los procuradores brasileños se confabularon con el juez Sergio Moro para hundir a Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual se supo por chats revelados por ‘The Intercept’. A la larga esto destruiría el proceso. En el Perú hay avances concretos –como por ejemplo en las carpetas de Toledo, metro de Lima, Villarán y Vizcarra–, pero las de Ollanta Humala y Keiko Fujimori plantean serias interrogantes. Pese a espectaculares desfiles por las salas de audiencias y por las cárceles, no hay certeza de que puedan ser acusados eficientemente, luego de la anulación del caso en Brasil y la deserción del principal delator, Jorge Barata.

En la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, otra serie de varias temporadas, nadie ha explicado hasta ahora, cinco años y siete meses después de que se conocieran audios de compadrerías y favores entre magistrados, quién es el jefe de esa organización criminal y cómo funcionaba. En el caso están incriminados principalmente exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y jueces del Callao y la Corte Suprema, por corruptelas propias de redes para intereses específicos. No hay evidencia de una estructura central que aún funcione, como asume el Ministerio Público. Dos grupos de fiscales con hipótesis distintas se enfrentaron por el manejo de las investigaciones.

Existen indicios razonables de que hubo manipulación en el uso de los audios, para beneficio político del paladín de la anticorrupción de aquellos años, Martín Vizcarra. Una teoría fiscal es que la mafia intenta resucitar a través de una de las magistradas que inició las investigaciones, Rocío Sánchez, aliada con un abogado que fue su testigo protegido –José Luis Castillo Alva– a quien se metió a prisión porque habría influido en lo que escribían los periodistas César Romero, de “La República”, y Juan Carlos Tafur, de Sudaca. Ambos denunciaron haber sido seguidos bajo la cobertura de una investigación secreta, iniciada sin nombres, contra presuntos implicados. El precedente es nefasto. Sería el revés de lo que se le atribuye a Gorriti: un imputado fideliza a periodistas, quienes, al publicar, desvían a la justicia.

Un juez acaba de disponer la libertad de Castillo luego de comprobar que no hubo la relación criminal indicada. Dijo que Romero y Tafur cumplían una función informativa amparada por la Constitución. Es altamente peligroso para la libertad de prensa criminalizar publicaciones periodísticas sobre un proceso, por mucho que pueda discutirse su contenido. En el tema de las filtraciones, hay que comenzar admitiendo que la difusión de los audios de Los Cuellos Blancos y detalles internos de los procesos de Lava Jato era necesaria para que la sociedad estuviera informada. En ese sentido, la labor de IDL Reporteros –que incluía investigaciones propias – ha sido positiva e incluso reconocida. Las objeciones a su línea editorial y al manejo de sus fuentes, en tanto no hay señalamiento de prácticas extorsivas, van a quedarse en el terreno ético o profesional y muy probablemente será descartado un encausamiento judicial.

En cambio, quienes merecen sanción son las autoridades del Ministerio Público que permitieron un manejo público de las investigaciones que pudo distorsionar la administración de justicia. La información debió ser canalizada sin favoritismos ni condicionamientos. El monopolio de filtraciones transmite a los periodistas el mensaje de que quien critica no será beneficiado. Los fiscales, a su vez, temerán disgustar al medio favorito, sobre todo si mantiene buenas relaciones con la JNJ. Los jueces también serán influidos por el barullo mediático. Es el momento de transparentar al máximo las investigaciones, manteniendo clasificada determinada información en beneficio del proceso, solo por el tiempo necesario. Para ello sería indispensable otro liderazgo en el Ministerio Público.

En mayo del 2022, en la entrevista personal del concurso para fiscal supremo, el miembro de la JNJ Guillermo Thornberry le preguntó a Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación interino, por las relaciones entre los magistrados del Ministerio Público y los periodistas. ¿Deberían aparecer en los medios para explicar un caso, sin afectar la reserva de la investigación? La respuesta de Villena fue tajante: “Los fiscales no deben declarar”. Añadió que en situaciones excepcionales podría convenir una aclaración, mas incluso en esos casos era mejor hacerlo a través de una nota de prensa. Ni la pregunta ni su contestación iban al fondo del problema, pero desde esa escena han pasado casi dos años. Con el pensamiento de Villena parece que seguiremos en la misma situación, con un manejo político, informal, de la presentación de los procesos ante la opinión pública, mediante filtraciones direccionadas. Al mismo tiempo, en el edificio institucional, ondeará fingidamente la bandera de la reserva de la investigación.