La crisis con Odebrecht

El próximo jueves 25 de julio el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional celebrará una audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses para Jorge Barata. Se le atribuye complicidad en el delito de colusión agravada. Es una de las consecuencias de la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía y el exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú. Fue un pacto que suscribió a título individual, distinto al que negoció la empresa sobre cuatro proyectos. La anulación fue dispuesta por la jueza Margarita Salcedo a pedido del Ministerio Público, después de que Barata no acudiera a declarar como testigo en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

La ausencia era previsible: Brasil suspendió un convenio de cooperación judicial con el Perú para el Caso Lava Jato −en cuyo marco declaran los delatores de Odebrecht− aduciendo que sus términos habían sido incumplidos. De modo que Barata, residente en Sao Paulo, puede terminar con una orden de captura internacional, algo inimaginable hasta hace poco.

La medida contra Barata se solicita en la investigación del Caso Gasoducto Sur Peruano. La obra debía llevar gas de Cusco a Arequipa, con una inversión de más de US$7 mil millones. En el 2008 la idea iba ser realizada por Kuntur, una filial de la estadounidense Conduit, y pasó por varias etapas hasta que fue licitada en el 2014. Ganó un consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás. La presunción es que, para ganar su licitación, Barata se coludió con los Humala, usualmente aludidos como “la pareja presidencial” en los documentos de la investigación.

En el 2017, por problemas financieros, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski canceló la concesión. De inmediato la Comisión Lava Jato del Congreso recibió de Odebrecht una lista de las relaciones contractuales que mantuvo con empresas vinculadas al presidente Kuczynski. La información fue un ingrediente de su caída, en el 2018. En el 2020 y el 2021, los miembros del consorcio presentaron sendas demandas contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Odebrecht pidió US$1′200.000 y Enagás € 1′800.000. La posibilidad de que el Perú pierda los laudos –no necesariamente por la cifra reclamada– puede tener mucho que ver con los acontecimientos de este año.

En el Caso Gasoducto la fiscalía arguye defraudación al Estado, que es el resultado de una colusión agravada. Pero el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima acaba de desbaratar una de sus presunciones en ese sentido: que un postor fue descalificado para que pudiera ganar el consorcio de Odebrecht. La conclusión figura en una sentencia que absolvió, el 12 de julio, a Claudia Hokama, exapoderada de la empresa, y a Edgar Ramírez, exdirectivo de Pro Inversión, a quienes se les atribuyó haber concertado para librar de competidores al ganador.

Sin embargo, otra teoría aún queda en pie. La de que Barata coordinó con Ollanta y Nadine, en el período previo al concurso, a fin de organizar el proceso en las mejores condiciones para Odebrecht. El requerimiento de prisión preventiva de Barata incluye algunas novedades. Por ejemplo, que habría obtenido de la pareja presidencial que no se ejecutara una carta fianza por US$67 millones que Kuntur −perteneciente a Odebrecht− suscribió para resarcir al Estado por incumplimiento de sus obligaciones, como era el caso. Hay testimonios al respecto de los colaboradores José y Hernando Graña, de GyM, que tenían acciones en Kuntur.

Por otra parte, existen correos de la exministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, demostrativos de que seguía instrucciones de Heredia o Humala para cuestiones específicas del proyecto, como el manejo del cronograma o la dación de una sola concesión −interés de Odebrecht− en vez de dos. En la misma línea declara el exministro Jorge Merino, antecesor de Ortiz en el sector.

El problema de la fiscal del caso, Geovana Mori, es que tiene demasiados investigados con pocas pruebas, pero la relación de los Humala con Barata merece discutirse en un juicio. No se les está imputando cohecho. La empresa jamás aceptó haber sobornado a funcionarios públicos en el proyecto y la fiscalía no tiene testimonios de fuente directa. En otro proceso Humala está acusado por lavado de activos, a partir de la declaración de Barata de que le entregó US$3 millones para su campaña presidencial del 2011. A estas alturas ya es evidente que ninguno de estos enjuiciamientos contará con la presencia de Barata o de otro exejecutivo de Odebrecht.

De todas las crisis que motivaron rupturas del convenio de cooperación judicial con Brasil, esta es la más grave. Si la tendencia no cambia, estamos próximos a que se declare nulo el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht, suscrito en Sao Paulo el 15 de febrero del 2019. Una posibilidad de que el conflicto no escale es que Barata gane una apelación y restablezca la validez de su acuerdo. Entonces podría haber una negociación que permita reanudar los procedimientos. La coyuntura no es propicia.

La fiscalía de Brasil suspendió la cooperación porque aduce que las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht están siendo empleadas en contra de la empresa. Las nuevas convocatorias judiciales a testigos brasileños, realizadas al margen del convenio, no van a tener acogida y producirán medidas restrictivas como las que le son aplicadas a Barata. ¿Existe un desacato de Odebrecht o la fiscalía peruana está pateando el tablero? Esta es una pregunta obligada.

Según el abogado de Barata en el Perú, César Nakazaki, el telón de fondo del problema es la inminencia de laudos desfavorables al Perú en el Ciadi, por las demandas de Odebrecht y Enagás. El efecto político de estos arbitrajes, solicitados luego de los acuerdos de colaboración eficaz, sería devastador para los fiscales peruanos de Lava Jato, cuya credibilidad está mellada. Esto explicaría una actitud orientada a sancionar cualquier resistencia de los brasileños a testificar, al margen de la vigencia del convenio de cooperación internacional.

Aunque lo que ya declararon los delatores de Odebrecht puede ser presentado en un juicio, el hecho de que no declaren en las audiencias no solo debilita la argumentación de los cargos por parte de la fiscalía. Asimismo, afecta los descargos de los que están siendo imputados sin haber sido delatados en la colaboración, quienes necesitan que Barata ratifique que no les entregó dinero ni se coludió con ellos. El quiebre, después de tantos años de santificación del acuerdo, será percibido como una burla por la opinión pública.

La ruptura con Odebrecht podría implicar la suspensión de los pagos pactados como reparación civil, S/760 millones en 15 años, de los que fue depositada una tercera parte. También, en teoría, pueden ser embargadas las acciones de la empresa en Rutas de Lima y sus ingresos por las concesiones en las interoceánicas, que superan largamente lo pactado como reparación civil. Pero es prematuro estimar las acciones viables por cada lado, ni las consecuencias de un escalamiento de la crisis. Sobre todo, antes de conocerse los resultados de los arbitrajes del Ciadi.

A medio camino de un balance, puede adelantarse que fue un error del Estado dejar el problema solo en manos de fiscales y procuradores, que negociaron sobre unos pocos proyectos, sin considerar el impacto socioeconómico del conjunto, y que dedicaron su mayor esfuerzo a perseguir, quizás inútilmente, los fondos de campaña. Ellos mismos van a encarar la situación actual. Mientras tanto, Odebrecht, rebautizada como Novonor, reducida al 8% del tamaño que tuvo en el 2014, vive su segunda vida, de una forma que merece contarse en otra oportunidad.