Ricardo Uceda

En los próximos días, Pablo Sánchez reasumirá el cargo de –que ejerció entre el 2015 y el 2018– vencido el período de tres años de Zoraida Ávalos. No por decisión de la Junta de Fiscales Supremos, como establece la ley, sino porque no hay nadie más. Faltan cuatro magistrados del mayor grado para completar este organismo rector, de seis miembros.

La ausencia de autoridades es uno de los síntomas de la crisis de liderazgo en la institución. Otra es la controversia entre fiscales, con tendencia a territorios liberados. Ávalos y Sánchez han mantenido sus propias diferencias, aunque sordas, en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y otros asuntos internos. Habrá una gestión provisional hasta que la Junta Nacional de Justicia () ascienda al menos dos fiscales superiores a supremos, luego de lo cual estos, junto con Ávalos y Sánchez, harían mayoría suficiente para nombrar fiscal de la Nación. Se tiene prevista una transición breve, sin cambios radicales ni grandes soluciones.

Podrían darse sorpresas en el proceso de validaciones en curso. Por ejemplo, que la JNJ no ratifique como suprema a Zoraida Ávalos, cuya actuación es denunciada en el Congreso. También podría no hacerlo con Pablo Sánchez, con tres objeciones expedientadas, una de las cuales trascendió: pidió entradas para un partido de fútbol a un investigado. Ambos están en evaluación. Las definiciones deben producirse hacia junio, cuando vencería el período transicional de Sánchez.

La JNJ ya se cargó a tres fiscales supremos por, supuestamente, pertenecer a Los Cuellos Blancos. Una cuarta destitución está por confirmarse. ¿Caerían dos más, pese a que levantaron dedo acusador contra los primeros? Hay un final de suspenso. Hoy, 27 de marzo, rinden examen escrito 22 fiscales superiores que compiten por dos plazas para supremos. A fines de mayo estarán seleccionados. El 1 de junio, el par escogido podrá juramentar y, acto seguido, participar en una junta para nombrar al próximo fiscal de la Nación, quizá uno de ellos. El 2 de junio, Ávalos y Sánchez sostendrán una entrevista personal con la JNJ como parte de su proceso de ratificación. Allí deberían aclarar actuaciones controversiales. A las pocas semanas se conocerá si continuarán en el servicio. En caso contrario, nuevamente la Junta de Fiscales Supremos quedaría con dos miembros.

La principal tacha contra Zoraida Ávalos procede de una acusación del procurador anticorrupción, Javier Pacheco, en la que presume complicidad de la magistrada con Los Cuellos Blancos. No presentó pruebas. Ofrece publicaciones periodísticas y una denuncia ante la JNJ por la exfiscal Rocío Sánchez, quien investigó a la organización criminal. Ella señaló supuestas interferencias de Ávalos para controlar expedientes bajo su control, especialmente uno con indicios de que habría recibido apoyo en su ascenso a suprema del imputado José Luis Cavassa. Además, Sánchez sostuvo que nombró indebidamente en una fiscalía a la hija de su comadre María Zavala, miembro de la JNJ, mientras era evaluada por este organismo. En febrero pasado, Willax publicó que un instituto que diplomó a Ávalos vendía sus certificados, echando sombras sobre los documentos que presentó para su ascenso hace varios años.

Será interesante conocer el raciocinio de la JNJ sobre estos temas, en vista de que para deshacerse de los fiscales relacionados con Los Cuellos Blancos –un grupo que traficaba nombramientos de magistrados desde el extinto CNM– condenó la mínima contaminación. Aún no está claro el estándar de lo intolerable. ¿Una llamada, un favor cualquiera, un almuercito, el ticket para un espectáculo? Definido el criterio, debería aplicarse con igualdad para todos.

La JNJ puede hacer la vista gorda. Lo demostró con su indulgencia durante el proceso contra las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez –investigaban a Los Cuellos Blancos– quienes se entrevistaron con el presidente Martín Vizcarra para, según ellas, solicitarle protección personal por la peligrosidad de los imputados. Ambas sostuvieron versiones opuestas sobre la fecha de la reunión y el origen de esta. Castro aseguró que fue en julio del 2018, a instancias de Sánchez, y Sánchez que ocurrió en marzo, por iniciativa de Castro. Explicaron condiciones de riesgo diferentes para cada ocasión. La JNJ consideró que el incidente no era muy grave y aplicó una sanción benigna. Nunca pudo o no quiso saber cuándo se realizó la reunión, ignoró las relevantes contradicciones, no estableció cuáles fueron las amenazas que las hicieron recurrir a Vizcarra como su salvador (protección que tampoco este brindó directamente). En el futuro no será impensable que algún fiscal asustado vaya a pedir apoyo a Palacio de Gobierno, incluso por suposiciones. Sandra Castro dijo que no tenía a quién recurrir porque sospechaba de todos sus superiores, a quienes nombró. Embarró al destituido Pedro Chávarry –al que nunca se le demostraron vinculaciones con los Cuellos Blancos–, a su coordinador Jorge Chávez Cotrina, y al supremo Pablo Sánchez.

La JNJ pasó por alto la circunstancia de que, si la reunión fue en julio, la fiscalía ya tenía las escuchas que revelaban las vinculaciones de Vizcarra con un miembro de la organización, Antonio Camayo. Dicho sea de paso, existe más de un testigo de que Vizcarra conoció de las investigaciones a Los Cuellos Blancos antes de que los impactantes audios salieran a la luz, el 7 de julio del 2018. Luego parece haber estado muy al tanto de las distribuciones mediáticas de los audios del caso mientras él negaba toda relación con Camayo. La cuestión de fondo no son las sanciones ni los vacíos de una investigación criminal: es el pobre mensaje de la JNJ en materia de la separación de poderes. Sobre todo, en un contexto en el que se discute si el Ministerio Público –y en concreto la fiscal de la Nación– actuó con el rigor suficiente ante acusaciones de corrupción a Vizcarra y Castillo.

La independencia del Ministerio Público debe ser vigilada debido a su enorme poder discrecional, concentrado en una sola persona. La Junta de Fiscales Supremos solo absuelve consultas sobre presupuesto, creación de despachos y ciertas designaciones, entre otros asuntos. Cuando hay sillas vacías, como ahora, ni siquiera decide sobre eso. El fiscal de la Nación designa los cargos ejecutivos, conforma equipos y nombra directamente a los magistrados provisionales, alrededor de 4.500. Nada menos que la mitad del total de fiscales. Son abogados que ingresan a un despacho sin examen ni concurso, a propuesta de un jefe intermedio y por decisión de la máxima autoridad, con absolutas facultades persecutorias. Esta provisionalidad condiciona su independencia.

La situación se mantiene en un círculo vicioso. La JNJ está impedida de llenar plazas que no están presupuestadas; el Ministerio Público no consigue el presupuesto ni reclama con fuerza; el Ejecutivo está más cómodo con fiscales inseguros. Pareciera que sus jefes también: mandan mejor. Sin embargo, el Gobierno puede pagar por indulgencias. A punto de ahogarse en un mar de acusaciones, acaba de aprobar un bono de S/2.400 mensuales en favor de los fiscales anticorrupción.

En esta precariedad, cualquier grupo que tenga influencia sobre el líder se convierte en un temible poder fáctico, con capacidad de apoyo mediático. El grupo puede tener base en el Ministerio Público. Los controles existen en el papel, pero no han venido funcionando, incluyendo a los externos. La prensa trabaja muy velozmente y en ocasiones se autocensura para no cerrar una fuente que abastece más del 50% de las noticias relevantes. En cuanto a la llamada sociedad civil, las pilas solo le funcionan para combatir a la corrupción fujimontesinista.

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