Ricardo Uceda

El principal impulsor de la presidencial es el parlamentario , de 53 años, un científico que procede de la élite académica que votó por Pedro Castillo. Investigó 23 años en Estados Unidos y Alemania, y desde el 2015 experimentó con peces cebra para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En noviembre del 2020, convocado por sí mismo, protestó en las calles contra la presidencia de Manuel Merino y vio cuando Inti Sotelo fue herido de muerte por los perdigones de la policía. Durante la pandemia, participó en el debate público con una posición cada vez más crítica a la gestión de Martín Vizcarra. En las elecciones del 2021, accedió al Congreso por invitación del Partido Morado. En la segunda vuelta votó por el candidato de Perú Libre para no hacerlo por Keiko Fujimori. No estaba convencido de que las peores profecías sobre el profesor llegarían a cumplirse.

Era, pues, un exponente del sector denominado progresista. O caviar, si se prefiere. Es un caso interesante porque en esas canteras existen reparos para destituir a Castillo. ¿Cómo así se convirtió en un vacador?

El 7 de diciembre del 2021, se opuso a la primera moción de vacancia, junto con sus compañeras de bancada Flor Pablo y Susel Paredes. Hubo 76 votos en contra, 46 a favor y cuatro abstenciones. Ya habían trascendido las irregularidades en la contratación del Puente Tarata III, mas aún no todo lo que se supo después: las reuniones en la casa de Sarratea, los negociados de las contrataciones, las evidencias de que operaba una organización criminal en el poder. La segunda moción de vacancia, consultada el 28 de marzo, no alcanzó los 87 votos necesarios –se quedó en 55–, pero esta vez Málaga votó a favor, a diferencia de Pablo y Paredes, que lo hicieron en contra. La dirigencia del Partido Morado le pidió explicaciones en una carta.

Cuando se votó la segunda moción, existía suficiente evidencia de corrupción. El primer ministro de Energía y Minas, Iván Merino, había confirmado que fue sacado del Gabinete porque se negó a apoyar el nombramiento del gerente de Petro-Perú que Pedro Castillo pedía, Hugo Chávez. Una vez en el puesto Chávez condujo la escandalosa licitación para comprar biodiésel. Ya se conocían las asombrosas revelaciones de Karelim López, con detalles de una red familiar para licitaciones fraudulentas en al menos dos ministerios. El procurador general del Estado, Daniel Soria, había sido destituido luego de denunciar al presidente ante el Ministerio Público. El subcomandante de la PNP, Javier Bueno, había denunciado cobros para los ascensos de la PNP organizados por el secretario general de Palacio de Gobierno. Era posible concluir que Castillo representaba a un grupo delictivo y no a los peruanos excluidos.

Las diferencias de Málaga con sus aliados partían de dos dudas. La primera sobre la certeza de que Pedro Castillo ejercía sistemáticamente la corrupción desde su cargo: ¿había evidencia suficiente? La segunda giraba en torno al sector político que saldría beneficiado con su destitución. ¿Vacarlo no era hacerle el juego al fujimorismo? Los morados, que ya no podían poner la mano al fuego por la honestidad del presidente, de ningún modo querían ser acusados de golpistas. En cuanto a Málaga, una vez que votó por la vacancia ya no le importó que lo señalaran como un peón de la ultraderecha. De inmediato se embarcó en una tercera moción de vacancia redactando, con la colaboración de Adriana Tudela y otros congresistas, un alegato que sistematiza hechos demostrativos de la incapacidad moral permanente de Castillo: el desmantelamiento del Estado, la corrupción, la obstrucción de la justicia.

De todos modos, las dudas que se plantearon en el debate interno revisten mucha importancia, porque las tienen miles de personas. Málaga no conseguirá las 87 firmas sin una presión desde fuera del Congreso, donde todavía hay inmovilismo. Uno de los aspectos más llamativos de la crisis es la pasividad de la llamada sociedad civil ante los hechos de corrupción conocidos. Las asociaciones que defienden la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción parecen casas de reposo. Las denuncias contra el presidente son de tal gravedad que podrían pronunciarse o actuar en algún sentido. ¿Están de acuerdo con que Pedro Castillo sea vacado? ¿Creen, por el contrario, que es víctima de una conspiración golpista? ¿Respaldan la actuación del Ministerio Público? Es posible que se hallen en un proceso de reflexión, porque los dilemas son complejos y requieren un debate. También es posible que simplemente estén en el balcón, esperando que el Congreso actúe o que los jóvenes salgan a la calle.

En todo caso, hay un predio donde habitan los tolerantes. Denuncian la corrupción fujimorista, o aprista, pero la del profesor les parece de poca monta. Están habituados a denunciar, pero tratándose de Castillo reclaman evidencias como para redactar una sentencia. No es la primera vez que tolerantes o sectores de la izquierda le ceden banderas a la derecha en el campo de los derechos humanos o en la lucha contra la corrupción. Ocurre cuando los expuestos gozan de sus simpatías. Es probable que si cae Castillo y hay elecciones anticipadas, como debiera ocurrir, la competición los sorprenda mal preparados, sobre todo si fueron solícitos con Castillo o participaron en su gobierno. Hay que remarcar que esto es solo probable porque el Perú tiene un electorado hostil a una candidatura conservadora o de ultraderecha. No debiera ser la preocupación principal. Lo más importante es librar al país de la organización criminal que lo está gobernando. En ese sentido, el camino tomado por el congresista Málaga es ejemplar y merece ser destacado.

El margen de incertidumbre sobre los hechos denunciados es ínfimo. El Ministerio Público continúa hallando evidencias que comprometen cada vez más a Castillo en graves actos de dolo y obstrucción a la justicia. El pago de coimas está corroborado, lo mismo que la emisión de órdenes para destruir pruebas y facilitar la fuga de los requisitoriados. Las comprobaciones son de tal magnitud que, al ser conocidas, afectarán aún más la legitimidad del mandatario, al margen de la actuación del Congreso y del Poder Judicial. La decisión del Consejo Permanente de la OEA de enviar una misión al Perú no afectará en modo alguno el desarrollo de las investigaciones y puede volverse contra el propio gobierno, pues cualquier misión independiente puede conocer las cosas tal y como son. Lo cual tendrá algún efecto en el Congreso. Aunque allí aún no se completan el número de firmas necesarias para sancionar la incapacidad moral, la tendencia es al aumento, no a la disminución. Flor Pablo y Susel Paredes ahora respaldan la vacancia.

La discusión se ha vuelto eminentemente jurídica desde la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación. En este campo aparecen defensores de inmensidad del artículo 117 de la Constitución, que blindaría a un mandatario criminal si fuera la única norma aplicable. También aquí se advierte el temor político de los tolerantes. En el Congreso se ha iniciado una búsqueda de los más adecuados fundamentos constitucionales para apartar del gobierno al presidente. La premisa es que no puede haber ningún principio jurídico válido si permite que una organización criminal socave desde el poder las bases de la democracia.

Ricardo Uceda es periodista

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