El Congreso ha considerado pertinente hacer su parte en lo que toca a la educación de los peruanos. Como mejorar los resultados de la prueba PISA de los futuros electores podría terminar siendo perjudicial para los congresistas y como, por otro lado, impulsar la meritocracia en la carrera docente puede ser complejo por ese espinoso tema de los votos gremiales, tan infieles, han encontrado una medida en que todos ganan: prohibir los errores ortográficos en la prensa escrita.
La idea, que puede sonar complicada, es simple: solo se necesita un número indeterminado pero suficiente de funcionarios públicos (del Indecopi, según la propuesta) harto versados en temas ortográficos (eso en el sector público se consigue fácil, como todos saben), armados de un café sin azúcar y un lapicero rojo Faber-Castell. Una falta simple –digamos, una tilde ausente– será castigada con S/.38; un orror hortográfico, en cambio, con los nada despreciables S/.380.
Es cierto que algunos, necios, critican por criticar el proyecto. Aseguran, maliciosos, que en el propio documento se encuentran errores ortográficos, como “los medios periodísticos ejercer una influencia directa en los lectores”, cuando, en estricto, se trata más bien de un desliz de conjugación atribuible al corrector de texto. Olvidan los críticos, también, que cualquier error que existiese es siempre culpa de asesores o terceros. Pues desde que la congresista Cenaida Uribe presentara el famoso panel “PROTEGE! Tú patrimonio” los señores del Parlamento escriben en línea con la gravitas esperada de su investidura: todos impecable.