Una reforma en bandeja que puede servir para acelerar las obras

No hay seminario, que aborde el desarrollo de la infraestructura en nuestro país, que no ponga en la palestra las dificultades del Estado para expropiar y sanear predios de manera adecuada y oportuna, con el fin de cumplir con una de las principales obligaciones que contrae con los inversionistas cuando se suscribe un contrato de Asociación Público-Privada (o para obras públicas).

Una parte de esas dificultades se explica por la inexistencia de una estrategia integral y plataformas institucionales especializadas y articuladas que cumplan eficazmente la tarea. De hecho, es recién en agosto de 2015, con la aprobación del DL 1192, cuando, por fin, se consolidó en una sola norma toda la regulación para la obtención de inmuebles, con incentivos para el trato directo y la valorización del perjuicio económico, servidumbres para infraestructura en subsuelo, reglas registrales y plazos para liberar interferencias.

Si bien esa norma tuvo un impacto significativo en la simplificación y reducción de tiempos, está enfocada en el proceso expropiatorio, y se requiere ampliar el alcance al ámbito institucional.

En esa línea, en enero de 2017 se aprobó el DL 1333, que creaba el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), a través de Pro Inversión, con el objeto de acometer diferentes funciones anteriores al proceso expropiatorio, para sanear en nombre del Estado los derechos de propiedad sobre los predios requeridos.

Sin embargo, esta norma fue derogada por la mayoría parlamentaria de aquel entonces, bajo el argumento de posibles afectaciones a la propiedad comunal y los pueblos indígenas. La propuesta de excluir a las comunidades campesinas y nativas de la norma no fue aceptada y así se perdió la posibilidad de generar la institucionalidad en el proceso.

Esta semana, el Ejecutivo anunció que trabaja en un decreto de urgencia para facilitar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura. Una gran oportunidad para revisar el DL 1333 y retomar la creación de la APIP en Pro Inversión (excluyendo de su alcance a las comunidades campesinas, nativas y cualquier vulneración de la Ley de Consulta Previa) y así, demostrar que hay compromiso para impulsar reformas más allá del actual Gobierno. Será indispensable designar en la Dirección Ejecutiva de la entidad a una persona que pueda implementar esa reforma y garantizar resultados que hagan un balance entre decisión política y calidad en la adjudicación de proyectos.

[Patricia Benavente es ex presidenta de Ositran]