José Carlos Requena

El 2022 va llegando a su fin. Al momento de hacer el balance, toca mirar cómo se inició el año. En los últimos días del 2021, el gobierno de había completado su quinto mes y, aunque aún contaba con el apoyo de colaboradores de la izquierda moderada, había mostrado ya sus principales patrones: desorden, ánimo clientelista, arrebatos autoritarios y radicales, y serios indicios de corrupción.

No hacía falta, pues, tratar de “desentrañar la naturaleza del gobierno”, como sugiere Martín Tanaka (El Comercio, 27/12/2022): el régimen había sido claro en lo que buscaba, si servían como indicadores los nombramientos y sombras que había mostrado en su comportamiento hasta entonces.

Contaba para ello con el concurso de un Parlamento que mezclaba decisiones sensatas (como el nombramiento de los directores del BCR) con una abierta abdicación de sus funciones de control político, como lo mostró la permanencia de Juan Silva –hoy prófugo– al frente del MTC.

Así, en enero del 2022 ya podía avizorarse hacia dónde se dirigía el desenlace: una mediocridad prolongada que terminaría siendo muy costosa para el país. Tanaka lo describe con precisión: “El defecto terminó convirtiéndose en una opción gubernamental: usar el Estado con fines de construcción de redes de patronazgo y clientelismo que abrieron múltiples flancos para la ineficiencia y la corrupción”.

Un modo de acercarse a estas redes y flancos fueron los frecuentes nombramientos ministeriales, responsabilidad plena del presidente. Si sirven como referencia los ocupantes del segundo puesto de mayor peso político al interior del Ejecutivo –la PCM–, el año ha mostrado una precariedad constante que incluye nombramientos breves de personas que claramente no eran adecuadas ni para el cargo ni para el momento.

Con seis presidentes del Consejo de en 12 meses, el promedio de estabilidad termina siendo de solo dos meses. Si se descuenta el plazo de 30 días en que debe presentarse ante el Congreso para lograr el voto de investidura –que suele estar dedicado a preparar dicha ocasión–, el premier habría tenido solo un mes en el cargo.

El año inició con Mirtha Vásquez en la PCM, con la sombra que le hacía el ‘gabinete en la sombra’ –valga la redundancia–; continuó con Héctor Valer, que renunció antes de buscar la investidura; siguió con el irascible e iracundo Aníbal Torres –el de mayor duración– y terminó con la versátil Betssy Chávez, que había pasado antes por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sector del que fue censurada, y el Ministerio de Cultura.

Como el yerro parece contagioso, la presidenta Dina Boluarte inició su mandato con el abogado Pedro Angulo, un primer ministro cuyo nombramiento proyectaba un mensaje ininteligible. La actual cabeza de la PCM, Alberto Otárola, parece generar mayor estabilidad, pero tendrá que seguir lidiando con los pasivos de su breve paso por Defensa en las primeras semanas del gobierno de Boluarte.

No solo la presidencia del Consejo de Ministros es un encargo riesgoso. Han sido 78 las personas que han ocupado un cargo ministerial en los algo más de 16 meses que duró el gobierno de Castillo. Al agregar los 23 nombramientos que ya hizo Boluarte, la cifra llega a 101 en los 17 meses que han transcurrido desde que se inició el mandato presidencial, hoy obligadamente trunco.

El actual elenco ministerial de Boluarte y algunas decisiones sectoriales parecen más cerca de la racionalidad gubernamental. Pero habrá que ver que no se enreden en decisiones basadas en expectativas lejanas de la realidad política que enfrentan. Por ejemplo, ¿qué cree ganar el Gobierno con la propuesta de encargar el despacho presidencial a la cabeza del Congreso en la eventualidad de un viaje? ¿Es necesario que una presidenta transicional salga del territorio en vez de encargarle la tarea a su canciller? Todo un misterio.

José Carlos Requena es analista político y socio de la consultora Público

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