“Acción Popular es un nuevo estado de conciencia colectiva del pueblo peruano”, dice la introducción al ideario de ese partido. Es una construcción correcta, me parece, para definir la levedad que lo caracteriza.
Sus fundamentos ideológicos incluyen cosas tan específicas como el Perú como doctrina, la ley de la hermandad, la triple plenitud (trabajo pleno, abastecimiento pleno y libertad plena), el triple culto (laboriosidad, veracidad y honestidad) y el equilibrio hombre-agua-tierra.
Un conjunto de sabiduría que bien podría inspirar una rama del budismo mahayana, pero fusionado con otras entidades preocupantes como la tradición planificadora y la función social de la propiedad. Con un llamado a la acción absolutamente concreto: la conquista del Perú por los peruanos.
No sorprende que de una ensalada semejante fluya un plan de gobierno sin tren de aterrizaje y copioso en objetivos, pero huérfano de medios y cómos. De lejos, entre los partidos que hoy tienen más opciones de avanzar electoralmente, es sin duda el más desordenado e incompleto.
En los pocos casos en los que toca tierra el plan acciopopulista, lo que se lee es preocupante. En materia económica, dirigismo y más Estado. Precisamente lo que experimentamos con el belaundismo que pretende restablecer.
Empezando por el impulso de una “economía nacional de mercado”, una terminología idéntica a la del plan original de Ollanta Humala, y la propuesta de “sembrar inversión pública para cosechar inversión privada”, una idea cautivante que en ningún momento se alcanza a explicar.
En medio de una redacción descuidada, es fácil detectar otras fuentes de preocupación. Por ejemplo, la articulación de “políticas y acciones entre los tres niveles de gobierno, permitiendo que la política económica a través de la política fiscal y monetaria mantenga los precios relativos favorables y estables”. O la propuesta de fortalecer los órganos de regulación y competencia “a fin de garantizar precios que reflejen la evolución real de costos y los insumos”.
Del mismo modo, la expansión del burocratismo y el estatismo se ven reflejados en la propuesta de reforma tributaria que permita alcanzar una recaudación fiscal de 22% del PBI en el mediano plazo y de 30% en el largo plazo. Es decir, el doble de lo que hoy el Estado extrae de los privados sin poder gastarlo con honestidad y calidad.
Dado que la locomotora del desarrollo está puesta del lado estatal, el plan dice poco o nada sobre destrabar la economía y permitir a los privados liderar el crecimiento económico. Ni una palabra tampoco sobre la muy necesaria reforma laboral y nada concreto sobre aliviar los costos y obstáculos que alientan la informalidad.
Lo más destacable del plan acciopopulista es de lejos la propuesta de reformas políticas y electorales, que sintonizan bastante con las ideas que a finales del 2015 propuso la asociación civil Transparencia.
Pero no hay mucho más. Y si quiere asustarse de veras, lea la paupérrima sección sobre seguridad ciudadana, que propone, entre otras ideas revolucionarias, incrementar las operaciones policiales en las zonas de alto tránsito. El capítulo dedicado a la educación es para llorar.
Un documento, en fin, desprolijo, generoso en omisiones y pleno de buenos deseos. Viniendo de un partido que se autodefine como democrático, nacionalista y revolucionario, bien pudo titularse “El camino a la gran indefinición”. Desde esa nube, tal vez el ideario acciopopulista sirva como mantra en una clase de yoga, pero ese plan de gobierno no alcanza para gobernar.