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Expropiación fue la palabra de moda la semana pasada. La invocación al artículo 70 de la Constitución por parte del presidente Martín Vizcarra despertó preocupación, jolgorio y memes en distintos ámbitos del espectro político y económico. Pero, a decir verdad, no deberíamos extrañarnos por la práctica más bien consuetudinaria en la que una autoridad estatal nos quita algo para dárselo a alguien más.
Por ejemplo, luego del anuncio del jefe del Estado, el presidente del Congreso, Manuel Merino, recordó –como quien no quiere perder protagonismo– que el Parlamento ya había aprobado una iniciativa legislativa –observada por el Ejecutivo– que obligaba a los centros de salud privados a poner a disposición del Ministerio de Salud toda su infraestructura y equipos biomédicos durante la emergencia sanitaria. Sin acuerdo, ni indemnización ni justiprecio, por cierto.
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No mucho antes, habían aprobado otra ley que disponía el ascenso automático, nombramiento y cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera para los trabajadores del sector Salud. Una disposición que no solo ignoraba los concursos de méritos y la autonomía organizativa de las entidades del sector, sino que representaba un gasto de más de S/1.000 millones solo para Essalud, según manifestó su presidenta, Fiorella Molinelli. Es decir, expropiaban el dinero de los asegurados para otorgárselo a los trabajadores estatales.
Cómo olvidar los peajes. En pleno estado de emergencia e inmovilización social generalizada, el Legislativo decidió tirar al tacho los contratos de concesión y disponer que no se paguen los peajes. En otras palabras, una expropiación de los ingresos de las concesionarias que construyen y dan mantenimiento a las carreteras, para obsequiar un “pase gratis” a las pocas compañías transportistas que utilizaban las autopistas.
Y para no perder la costumbre, en los últimos días se vienen discutiendo algunos proyectos que buscan congelar las deudas con el sector financiero. De aprobarse, se suspendería el cobro de todo tipo de créditos (personales, hipotecarios, tarjetas de crédito, etc.), y los bancos, cajas y entidades microfinancieras en general no tendrían ingresos durante cuatro meses. Ello podría llevar a que incumplan con los pagos a sus ahorristas y demás acreedores –si es que no quiebran–, afectando potencialmente a seis millones de ahorristas. Nuevamente, se expropia a entidades financieras y ahorristas para beneficiar a los deudores, incluidos los tres congresistas de la Comisión de Defensa del Consumidor que presentan grandes deudas en el sector financiero, conforme reportó “Perú 21”.
No son escasos los ejemplos de expropiaciones regulatorias (‘regulatory takings’). Cada vez que una persona acumula algo de fortuna, aparece algún burócrata que responde “tenemos” y nos contamina con sus humos de Robin Hood moderno para despilfarrar la propiedad ajena.
Desaprovechan el poder otorgado y los recursos estatales que bien utilizados podrían facilitar la vida de las personas o incrementar la productividad de las empresas. Crear en lugar de quitar.
Ninguna de las iniciativas comentadas ayuda a que las empresas –grandes o pequeñas– puedan retomar sus actividades con éxito, generar empleo y reducir los preocupantes niveles de pobreza que ya enfrenta el Perú. Por el contrario, generan desincentivos para invertir en el país. Después de todo, ¿quién querría caminar por la misma calle donde sabe que le quitan la billetera?
