La cirugía fina del ministro Ghezzi, por Franco Giuffra

Con suficiente derecho, el ministro Piero Ghezzi expresa en estas páginas que no se debe juzgar su trabajo en Produce a partir de generalidades. Que lo suyo es un esfuerzo de detalle. No hay recetas facilistas para la diversificación productiva, sino intervenciones puntualísimas para retirar trabas específicas que limitan el crecimiento sectorial.

Esa misma destreza de neurocirujano no le impide, al mismo tiempo, poner su firma en el Decreto Supremo 001-2016-MIMP, promulgado el 8 de febrero, para establecer con monumental irresponsabilidad una nueva montaña burocrática sobre la economía nacional.

Él, y todos los ministros “técnicos” del Gabinete, han reglamentado con esta norma la obligación irracional e incumplible de instalar lactarios en las empresas y entidades públicas y privadas del país, según disponía genéricamente la Ley 29896, del 2012. 

Efectivamente, a partir del 16 de junio, todas las empresas y entidades que tengan centros de trabajo con 20 o más empleadas en edad fértil (de 15 a 49 años) deben ingeniárselas para construir o acomodar un lactario. 

No hablamos de acondicionar una sala de reuniones para que pueda funcionar alternativamente como lactario. La norma no lo permite. Exige dedicar un espacio exclusivo de por lo menos 10 metros cuadrados, con lavabo, refrigeradora y acceso para discapacitadas, para uso de las madres que podrían necesitar extraer y conservar su leche materna. 

Veinte mujeres en edad fértil existen seguramente en cualquier agencia bancaria de mediano tamaño; en cualquier restaurante, considerando sus varios turnos de trabajo; en cualquier taller de Gamarra; en casi todas las tiendas y oficinas grandes. Es decir, no se necesita ser una corporación enorme para llegar a esa cuota.

¿Qué posibilidades hay de que todos esos centros de trabajo puedan construir y dedicar 10 metros cuadrados con puntos de agua y desagüe para este propósito? Y mantenerlos vacíos para la eventualidad de que alguna trabajadora dé a luz y necesite usarlos. No solo en Lima, sino en Pucallpa y en Cotahuasi.

No se discute la buena intención de la norma. Se cuestiona el impacto económico y la falta de sentido de realidad que entraña. Si fuera cuestión de ayudar a madres y niños, pongamos entonces la obligación de tener guarderías en todas las empresas, de ofrecer atención pediátrica a los recién nacidos y controles ginecológicos a las madres gestantes. O una clínica en cada empresa, ministerio y comisaría.

Tremenda irresponsabilidad de los 19 ministros firmantes. Aprueban una barbaridad, termina el gobierno y luego se van a su casa. Pero le dejan una bomba a todas las empresas, porque la inobservancia de esta disposición ha sido calificada como falta grave.

Sorprende que funcionarios preparados no puedan trazar una línea que conecte la abrumadora informalidad del empleo en el Perú con este rosario de normas imposibles que encarecen el empleo formal y levantan nuevas barreras para separar al país en materia laboral.

Para no hablar del desincentivo que estas ocurrencias imponen al momento de contratar. Porque si un empleador está cerca de alcanzar la cuota de mujeres fértiles, evidentemente sus nuevas vacantes no las cubrirá con personal femenino. Y cada dama que cese seguramente será reemplazada por un caballero.

En resumen, una pésima norma que trae onerosidad excesiva o impagable, inviabilidad de ser implementada y reducción del empleo femenino, todo ello cortesía fina del ministro Ghezzi y sus colegas. Tan fina como la cirugía que dice aplicar para eliminar obstáculos burocráticos.