La competencia, las fusiones y la OCDE, por Enzo Defilippi

El tema del control de fusiones ha entrado nuevamente al debate público, esta vez con el argumento adicional de que su implementación es un requisito para acceder a la OCDE. 

Esto no es correcto. Implementar este mecanismo no forma parte del Programa País ni de ningún otro compromiso asumido por el Perú, por lo que no resulta exigible. De hecho, nuestro país ya es miembro del Comité de Competencia de la OCDE sin que ello haya sido considerado como requisito. Tampoco es una condición que se haya exigido a otros países.

Esto no quiere decir que tengamos poco por mejorar en materia de libre competencia. Para empezar, es necesario modificar el diseño institucional del sistema, el cual no garantiza un tratamiento imparcial de la evidencia. Hoy, un mismo órgano (la Secretaría Técnica) actúa como fiscal y secretario de los jueces (la Comisión de Libre Competencia), lo que implica que los mismos funcionarios que recomiendan acusar son quienes ponderan los descargos de los acusados contra sus propios argumentos. Como resultado, es usual que donde la Secretaría Técnica ponga el ojo la comisión ponga la bala.

El segundo reto es fortalecer el sustento técnico de las decisiones del Indecopi. En el caso que involucró al Jockey Plaza y a dos cadenas de hamburguesas, por ejemplo, la comisión consideró que un acuerdo de exclusividad impedía la competencia a pesar de que ello solo hubiese sido posible si este centro comercial fuese un monopolio; un supuesto que la simple observación obliga a desechar. En otro caso, donde no existían pruebas de un acuerdo de precios, se concluyó que la colusión era la única hipótesis que explicaba la evidencia del caso a pesar de que los involucrados vendieron al mínimo precio posible (como se esperaría bajo competencia) durante el período en el que habrían estado coludidos. Y la lista continúa. 

Un tercer reto es reducir la excesiva duración de los procesos. La denuncia que dio origen al Caso Jockey Plaza, que recién culminó en setiembre pasado, data del 2007. Las investigaciones del caso de las farmacias, cuya primera instancia concluyó hace pocos días, se iniciaron en el 2009, y no se espera que la segunda culmine antes del 2019. Otros casos tienen calendarios similares. 

Sobre implementar un mecanismo de control de fusiones, opino que no es conveniente. Por un lado, porque no hay evidencia de que mejore el bienestar de los consumidores a pesar de que se aplica desde 1914 en Estados Unidos. Y desde entonces, hemos aprendido que mientras las barreras a la entrada sean bajas, es poco probable que una fusión sea perjudicial (ya que aumentar precios incentiva la entrada de competidores). Por otro, porque la ciencia económica no cuenta con el instrumental para determinar objetivamente si una fusión beneficia o perjudica a la sociedad, lo que hace a estos análisis eminentemente subjetivos (todo depende de los supuestos utilizados). En un país de instituciones débiles como el Perú, la subjetividad incentiva el lobby y la manipulación estatal de las decisiones empresariales; paradójicamente, los enemigos más acérrimos de la libre y sana competencia. 

* El autor emitió opiniones técnicas a solicitud de las empresas denunciadas en todos los casos mencionados.