No hay cama pa’ tanta gente,

Es incierto el desenlace en torno al futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyos integrantes enfrentan una investigación del Congreso. En predios parlamentarios, se duda de que se llegue a la votación calificada (87) para guillotinar al ente en su totalidad, pero no se descarta que ruede al menos una cabeza.

La señal para al menos sospechar el resultado final debería ser el hecho de que se ponga en agenda la votación: esta solo se programaría si hay algo cercano a la certeza de contar con la cantidad suficiente de votos. Pero, como en toda votación de esta naturaleza, debe esperarse el último minuto.

¿Enfrenta el país una amenaza para el equilibrio de poderes o una acción antidemocrática, como denuncian quienes se oponen a la investigación? Dentro y fuera del Parlamento hay voces que cuestionan esta mirada. La congresista Adriana Tudela (Avanza País), por ejemplo, ha presentado su posición en su cuenta de Instagram.

Carlos Paredes, en tanto, ha escrito un largo artículo en el que evalúa, “con argumentos fácticos”, cada una de las cinco acusaciones que se le hacen a la JNJ. Concluye Paredes que “el problema principal en esta lucha política es que para la progresía local la sola idea de fiscalizar a su JNJ es antidemocrático. Como ahora los que lideran ciertas instituciones no coinciden con sus ideas o sesgos políticos todo está mal. Todo es ilegítimo, oscuro y hasta mafioso” (El Comercio, 22/10/2023).

El análisis de Paredes no parece gratuito: muchos de los que hoy se escandalizan con la investigación a la JNJ en su momento consintieron algo tan cuestionable como la “denegación fáctica” de la confianza, que el entonces presidente Martín Vizcarra utilizó para disolver el Congreso. Es como cuando se celebraba la agresión a los congresistas Carlos Tubino, tras la disolución del 2019, y Ricargo Burga, en el marco de las protestas de noviembre del 2020.

Pero la lucha política a la que se refiere Paredes entraña algo más que un ajuste de cuentas. En realidad, son los riesgos propios de dejar decisiones trascendentales en manos de actores políticos, sobre todo con la cantidad de advenedizos que abundan en el Congreso. Al final de cuentas, decidir qué es una falta grave reposa en el criterio de los parlamentarios. Es un caso parecido al de la “incapacidad moral”. El criterio, a su vez, requiere votos.

El gran problema del momento actual es que este Congreso no solo es impopular, sino que presenta numerosos pasivos. De hecho, la situación de una de las vicepresidencias es, por decir lo menos, muy opaca. Ni qué decir de las acusaciones que enfrenta el presidente Alejandro Soto, y ninguna de estas ha sido debidamente aclarada. En el pasado no muy lejano, este mismo Parlamento designó a Josué Gutiérrez, la peor elección de un defensor del Pueblo desde que se creó la institución.

El criterio que utilizan es, pues, muy cuestionable. Así, la circunstancia se resume a actores políticos ejerciendo el poder sin ninguna contención, causando a su paso numerosos estropicios. En suma, su acción es un peligro real para el actual equilibrio de poderes, aunque no en la medida catastrófica que sus críticos denuncian.

Causan, más bien, una reacción como la que resume el estribillo de la canción de El Gran Combo de Puerto Rico, cuyo título encabeza esta columna: “(Tírenlos pa’ bajo / que son un peligro arriba) / Se llenan las manos del lechón después se limpian con la cortina y por eso / (bis) Allá, allá se meten al baño / y te lo dejan como piscina. ¡Tú ves! / (bis) Se jactan y beben y se enferman / después te dicen: ‘Señora, tiene aspirina’”. En breve: “Es trulla (turba) (¡eh!) /es peligrosa (¡eh!)”.