Contamina nomás, por Enzo Defilippi

El viernes pasado, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 012-2019, destinado a fortalecer la seguridad vial en el transporte terrestre de carga y pasajeros. Lamentablemente, lo único que ordena esta norma es devolver a los transportistas el 53% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel. ¿Y de seguridad vial? Nada, absolutamente nada.

Según el texto publicado, el razonamiento es que, dado que el combustible es uno de los principales costos de los transportistas, devolverles más de la mitad del ISC va a dejarles plata para invertir en seguridad vial.¿Hay alguna evidencia de que subsidiar el combustible aumenta la inversión en seguridad vial? No. ¿Algún análisis que sugiera que esa es la razón por la que no lo hacen? Tampoco. ¿Algún mecanismo para asegurarnos que ahora sí va a ser así? Ni eso. Simple y llanamente, se trata de una transferencia de dinero, de nuestro bolsillo al de los transportistas, ordenada por un gobierno que no está dispuesto a arriesgar puntos de popularidad defendiendo a los peruanos de sus amenazas de paro.

Como política de transporte es una pésima idea por la sencilla razón de que no va a mejorar los estándares de seguridad vial. Las principales causas del elevado número de accidentes de tránsito son el deficiente diseño de las vías, la pésima señalización y, sobre todo, el incumplimiento generalizado de las reglas de tránsito. Subsidiar a los transportistas no solo no mejora el problema, sino que reduce los recursos disponibles para implementar políticas que sí sean efectivas. Pero qué son unos muertos más al año comparados con evitar un paro de transportistas, ¿no?

Como política ambiental también es una pésima idea. Reducir en 53% el ISC aplicado al diésel, el combustible más contaminante, hace que su carga tributaria sea sustancialmente menor que la de los combustibles más limpios, lo que fomenta su uso excesivo y desincentiva la adopción de tecnologías menos contaminantes. Es decir, el efecto contrario al objetivo de cualquier política ambiental razonable.

Como política económica, la idea es tan mala que me sorprende que haya pasado por el MEF. Para empezar, permite gastar dinero que necesitamos para invertir en educación, salud o seguridad; en medidas que no benefician a los peruanos. En segundo lugar, desnaturaliza por completo un componente tan importante de la política tributaria como el ISC a los combustibles, cuyo objetivo es gravar más a aquellos que contaminan más. En tercer lugar, genera dos antecedentes nefastos que nos pasarán la factura pronto: la aprobación de medidas tributarias sin el mínimo sustento técnico y la aceptación de que se le otorgue un tratamiento especial a un sector que no demuestra merecerlo. ¿Con qué argumentos podrá negarse la ministra a aceptar propuestas similares en el futuro?

Argumentar que este D.U. fortalece la seguridad vial es ofensivo a la inteligencia de los peruanos. Que la idea venga del ministro de Transportes, que desde hace rato viene demostrando no entender de qué trata el cargo, no es sorprendente. Pero sí lo es el refrendo de las ministras de Ambiente y Economía, quienes revelan no tener reparo en firmar lo que se les pida. Inclusive una medida como esta, que va en contra de aquello que juraron defender: el medio ambiente y la hacienda pública.