“En el sistema público de pensiones, los aportes no pertenecen a los afiliados. No van a cuentas individuales, como las que tienen los afiliados a las AFP”. (Foto: GEC).
“En el sistema público de pensiones, los aportes no pertenecen a los afiliados. No van a cuentas individuales, como las que tienen los afiliados a las AFP”. (Foto: GEC).
Iván Alonso

Economista

La ley para la a la (el sistema público de pensiones) aprobada esta semana por el ha sido criticada por muchos, incluyendo este economista, por su costo fiscal y su inconstitucionalidad. La propia ONP, que tiene el detalle de los afiliados y jubilados y sus respectivos aportes, estima el costo en más de S/18.000 millones, que tendrían que salir del tesoro público. Eso convierte a la ley en una iniciativa de gasto, cosa que la Constitución prohíbe al Congreso.

Algunos de los proyectos de ley que antecedieron a la norma aprobada sostienen que no es una iniciativa de gasto porque los aportes pertenecen a los afiliados. Esa interpretación no se condice con las reglas de la ONP. En el sistema público de pensiones, los aportes no pertenecen a los afiliados. No van a cuentas individuales, como las que tienen los afiliados a las AFP. Van a un fondo común, del que sale la plata para pagar las pensiones de los que ya se jubilaron.

La alternativa es echar mano del Fondo Consolidado de Reservas (FCR), que es, como su nombre lo indica, la reserva actuarial del sistema público y que contaba hasta mayo con más de S/24.000 millones. Para hacerla líquida, se podría vender (o sea, privatizar) el 85% de las acciones de Electroperú, que pertenecen al FCR. Pero eso difícilmente alcanzaría para devolver los aportes y difícilmente podría hacerse en el plazo fijado por la nueva ley. Además, sería también inconstitucional, en virtud del artículo 12 de la Constitución, que dice que “las reservas de la seguridad social son intangibles”.

Eso de “intangibles”, sin embargo, no puede entenderse literalmente. De otra manera, la ONP nunca podría tomar fondos del FCR para cubrir un faltante para el pago de las pensiones del mes. El FCR tampoco podría vender un activo para comprar otro que rinda más. “Intangibles” solo puede significar que esas reservas deben aplicarse a la finalidad para la que fueron concebidas, que es asegurar el pago de pensiones.

En ese orden de ideas, los activos del FCR sí podrían transferirse a otro fondo que administre las cuentas individuales de capitalización, si convirtiéramos a la ONP en una AFP. Algo que ya se ha hecho anteriormente con la emisión de bonos de reconocimiento –reconocimiento de aportes individuales– para los afiliados que querían trasladarse al sistema privado. La conversión de la ONP en una AFP (es decir, en un sistema de capitalización individual) garantizaría que todos sus afiliados reciban una pensión al jubilarse, cuyo monto ciertamente dependería de sus aportes y la rentabilidad acumulada, pero que no estaría sujeta al requisito de haber aportado un mínimo de 20 años, que es la gran inequidad y la gran injusticia del sistema público.

La transferencia podría hacerse gradualmente para no forzar una liquidación apresurada de los activos del FCR, manteniendo siempre en este último una cantidad suficiente para respaldar las obligaciones con los actuales pensionistas. Seguramente el FCR no alcanzaría para la transferencia total de los aportes a las nuevas cuentas individuales. No es ningún secreto que el sistema público tiene un déficit actuarial. La transferencia tendría que completarse con fondos del tesoro público, pero estos podrían desembolsarse a lo largo de varios años para no desequilibrar el presupuesto.

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