Coronavirus: ¿quién paga la cuenta?

En estado de emergencia no se paga nada. Ni impuestos ni arbitrios. No se pagan el teléfono, el gas, la luz y el agua. Que amanezca una mañana cortado el mundo por impago, diría Mikel Erentxun. Pero el puesto de trabajo y el sueldo no me lo toquen, retrucarían algunos políticos y entusiastas de izquierda.

Con solo unos días de funcionamiento, este nuevo Congreso nos viene demostrando que para hacer populismo barato (pero que termina costando mucho) no hace falta calentar. Desde el saque, un proyecto de ley de la bancada de Somos Perú proponía la prórroga o renovación de todos los contratos de trabajadores estatales durante el estado de emergencia. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos planteaban, cada uno por su lado, que los intereses por deudas en el sector financiero sean exonerados, sin distinguir si el deudor podía pagarlos o no. Acción Popular, para no quedarse atrás, garabateó no uno sino dos proyectos de ley con el mismo sentido y de paso añadió suspender el pago de alquileres. No importaba si el alquiler era la única fuente de ingresos de una familia. Y el Frepap sugería crear un nuevo impuesto “solidario”, aplicable solo a las “grandes fortunas”.

Habría que preguntarles a nuestros parlamentarios si tienen idea de dónde va a salir el dinero para costear todo el gasto y daño económico que nos deja el coronavirus. Pareciera que la probable recesión peruana y global no son suficientes, y algunas personas quisieran agravar más la situación.

No se me malinterprete. Me parecen encomiables todas aquellas empresas y empleadores que han decidido poner el hombro y postergar los cobros a sus deudores, condonarles los intereses, pagar sí los intereses a sus ahorristas, mantener la provisión de sus servicios y pagar los sueldos completos a sus trabajadores. Todo mientras sus ingresos caen o desaparecen. Pero solo algunos podrán hacerlo. Otros no.

Esta trágica enfermedad debe hacernos más conscientes de nuestros privilegios. Tengo la suerte de contar con un trabajo que me permite laborar a distancia y seguir percibiendo un sueldo. Pero un gran número de peruanos no tiene esa fortuna. La mayoría no posee una cuenta en una AFP u ONP que liberar. No dispone de CTS que retirar. Ni siquiera tiene sueldo fijo o un empleador.

Aun así nuestros políticos siguen legislando solo para esos privilegiados trabajadores. Dándoles más estabilidades y prerrogativas, y exprimiendo hasta más no poder a las empresas y empleadores que viven en la formalidad, y postergando con ello a más del 70% de la población económicamente activa.

Es tragicómico leer a gente que vislumbra en la pandemia el fin del sistema capitalista. Como si el dinero para solventar un sistema de salud pública brotara por arte de magia en economías dirigidas. El Estado debe existir, sí, justamente para proveer este tipo de bienes públicos y contrarrestar las externalidades como los contagios. Pero el Estado no existe de la nada, y los ventiladores, mascarillas, camas de hospitales, médicos, pruebas de descarte y, ojalá pronto, vacunas, no se pagan con tuits románticos. Cuestan. Y, actualmente, es una pequeña minoría formal la que permite que haya siquiera un menesteroso aparato estatal que ayuda a paliar las necesidades de una gran mayoría informal.

Aunque suene impopular hay que decirlo: mucho más ha hecho la gran empresa en el Perú por sufragar la cuenta de esta enfermedad que la gran mayoría de políticos y manirrotos que ahora les piden que paguen un tanto más (más del 80% de la recaudación del Impuesto a la Renta de negocios en el Perú corresponde a los principales contribuyentes). Pero parece que a veces nuestra solidaridad es selectiva e ideológica.

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