Corrupción judicial, por Fernando Rospigliosi

La última encuesta de Ipsos publicada en El Comercio revela que el 79% de la población desaprueba la gestión del Poder Judicial. El más reciente sondeo del Barómetro de las Américas, que se efectúa cada dos años en todo el continente, muestra que en el Perú el 70% no confía en que el Poder Judicial castigue a los culpables. Los últimos acontecimientos indican que, en este caso, la mayoría tiene toda la razón.

Hace pocos días, un tribunal presidido por el juez Ricardo Brousset determinó que los ‘petroaudios’ son una prueba ilícita y que, por tanto, deben excluirse en el proceso que se sigue a Rómulo León y otros por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. 

Poco después, el mismo tribunal determinó que ninguno de los correos electrónicos encontrados en la computadora de Rómulo León sirve como prueba, a pesar de que fueron incautados de manera impecablemente legal por la policía y la fiscalía. Los jueces arguyen que, como el origen de la investigación son los ‘petroaudios’, ahora declarados ilegales, todas las evidencias encontradas luego, aunque hayan sido obtenidas legalmente, tampoco pueden ser utilizadas.

No se necesita ser abogado o experto en derecho para percibir el fuerte hedor de resoluciones como estas, que sientan un nefasto precedente para cualquier investigación, en particular en la que todos están pensando ahora.

Hace casi siete años, el domingo 5 de octubre del 2008, denuncié los primeros ‘petroaudios’ en “Cuarto poder”, en los que Alberto Quimper, ‘Don Bieto’, se jactaba del faenón. Al día siguiente, con el abogado José Ugaz presentamos la denuncia en la fiscalía, que actuó con presteza decomisando la computadora de León.

Hoy día, después de estas resoluciones judiciales, el proceso “agoniza”, como ha señalado el procurador. No hay un solo detenido y es casi seguro que no habrá ningún sentenciado. Nuevamente el triunfo de la impunidad, descaradamente, a vista y paciencia de todo el mundo.

El ex fiscal Avelino Guillén ha anotado, con razón, que “las decisiones de la sala del Caso ‘Petroaudios’ y las otras son un grave error y acentúan el divorcio que existe entre el sistema judicial y la población, acrecientan la gran desconfianza de la población”. (“La República”, 17/9/15).

Como es obvio, la exclusión de los ‘petroaudios’ y todas las pruebas que se obtuvieron en las investigaciones es un precedente nefasto para la más importante indagación sobre corrupción en curso en este momento, la que involucra a Nadine Heredia. 
La gobernante de facto ha logrado que el Poder Judicial emita varias resoluciones impidiendo a la fiscalía investigarla y luego que amplíe esa prohibición a sus parientes y allegados. Y está tratando de que las agendas sean excluidas de cualquier proceso por ser, supuestamente, pruebas ilícitas.

Todos los juristas serios del país han rechazado esas decisiones judiciales como una aberración. José Ugaz dice que no le cabe duda de que el Tribunal Constitucional va a corregir el entuerto “porque ha sido tan grosera la forma como se ha resuelto que no admite otra posibilidad”. (“Gestión”, 17/9/15).

El mismo Ugaz ha recordado en estas páginas cómo Vladimiro Montesinos intentó la misma estratagema legal para tratar de invalidar los ‘vladivideos’, maniobra que fue derrotada en su momento (11/9/15).

El punto es ¿por qué hace 15 años se pudo desbaratar la artimaña de Montesinos y hoy día triunfan las maquinaciones de sus discípulos y sucesores?

Mi opinión: porque hace 15 años hubo un gobierno honesto –el de Valentín Paniagua– que decidió enfrentar la corrupción y usó un instrumento poderoso, la procuraduría precisamente dirigida por Ugaz. La situación del Poder Judicial y el Ministerio Público, luego de una década de sumisión, control y corrupción, era desastrosa, peor que la de ahora, si cabe. Pero había jueces y fiscales honestos y capaces que integraron el sistema anticorrupción y, por primera –y última– vez, se hizo justicia procesando y sentenciando a corruptos y criminales de alto vuelo.

Hoy día, las cosas se han revertido completamente y están en el gobierno precisamente los discípulos de Montesinos, que usan ese poder para influir negativamente en el sistema judicial.

La conclusión: si queremos combatir realmente la corrupción, tenemos que elegir un gobierno dispuesto a hacerlo, que, aliado con jueces y fiscales honestos, pueda “evitar situaciones absurdas de impunidad” como las que se están produciendo ahora, según anota Ugaz.