Corrupción y sanción, por Fernando Rospigliosi

Ante la corrupción desbocada que corroe la política y las instituciones, se propone con frecuencia el remedio de la educación para combatirla. En realidad, la clave es la sanción.

Un ejemplo común, que se escucha muchas veces y que es real: un peruano que maneja aquí violando las reglas de tránsito y ‘arreglando’ con un policía, en el infrecuente caso que lo detengan, va a los Estados Unidos y respeta escrupulosamente el reglamento porque sabe que allí es casi imposible sobornar a un policía y las sanciones se cumplen.
O, sin ir tan lejos, un taxista acostumbrado a hacer lo que le da la gana en Tacna pasa la frontera y en Arica se comporta como un caballero, porque sabe que los carabineros no son sobornables y lo penarán si incumple una regla.

La misma persona, con la misma educación, se comporta de manera radicalmente distinta en dos contextos totalmente diferentes. Y si no viola las reglas en EE.UU. o en Chile es porque sabe que allí las autoridades no son corruptas y que es pasible de recibir un castigo.

Siguiendo con el ejemplo, la diferencia con esos países no son las reglas, que son similares en el Perú. Lo que nos distingue es la corrupción de las autoridades encargadas de perseguir el delito, que hace que muchos peruanos violen impunemente las leyes porque tienen el poder y/o el dinero para cometer latrocinios y evitar recibir sanciones.

El asunto no es tener más leyes o hacerlas más duras. Lo único que sobra en el Perú son leyes. El problema es que esas normas no se cumplen o, para decirlo de otra manera, los corruptos son hábiles para burlarlas, como queda en evidencia con la cantidad de políticos y funcionarios notoriamente deshonestos que exhiben con impudicia sus fortunas, se pasean libremente por las calles y tienen la desvergüenza de postular una y otra vez a cargos electivos, muchas veces con éxito.

La clave para combatir la corrupción es la reforma de las instituciones encargadas de aplicar la ley, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial.

Se han intentado algunas reformas, en especial luego del derrumbe de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos el 2000, pero han fracasado por falta de decisión de los gobernantes y continuidad.

Un reciente trabajo de investigación de Luis Pásara sobre las reformas judiciales en América Latina muestra que han naufragado en todas partes, aunque en algunos pocos lugares se han producido ciertos avances (“Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo”, PUCP, 2014).

El punto es que no basta un mayor presupuesto –que es lo que reclaman jueces y fiscales– ni más computadoras y locales nuevos. Tampoco es suficiente importar sistemas presuntamente más eficientes, como el nuevo Código Procesal Penal que se aplica ahora en toda Latinoamérica, a instancias de los EE.UU. y organismos internacionales.

También es indudable que esas instituciones no se reformarán a sí mismas.
Los intentos de mejorar las cosas con la participación de la sociedad civil tampoco han dado muchos resultados. Un ejemplo es el poderoso Consejo Nacional de la Magistratura, con representantes de la sociedad civil, que no solo ha fracasado, sino que se ha convertido en una pieza del engranaje de corrupción, como han mostrado las investigaciones de Ricardo Uceda sobre la elección de los fiscales de la Nación (ver el pronunciamiento del Grupo de Seguridad Ciudadana al respecto http://www.gruposeguridadciudadanaperu.blogspot.com/2014/09/por-un-ministerio-publico-la-altura-de_24.html).

La solución tiene que venir desde la política. Un gobierno honesto y decidido con una mayoría, aunque sea relativa, en el Congreso puede hacerlo.

Pero lo que muestra la experiencia es que, hasta ahora, lo único que les interesa a los políticos es controlar esas instituciones para proteger sus inmorales intereses particulares. Por cierto, hay políticos honestos dispuestos al cambio, pero ellos no tienen el respaldo del electorado, que no valora la honradez como una virtud a premiar en las ánforas.

Un ejemplo claro es el de Valentín Paniagua, en cuyo breve mandato se inició la única experiencia exitosa de lucha contra la corrupción en gran escala en la historia del Perú. En las presidenciales del 2006, quedó en quinto lugar, con poco menos de 6% de los votos válidos.    

Tenemos una nueva oportunidad el 2016.