“Para que el mercado eléctrico funcione bien, es necesario que el precio de la electricidad refleje adecuadamente su oferta y la demanda”. (Foto: GEC).
“Para que el mercado eléctrico funcione bien, es necesario que el precio de la electricidad refleje adecuadamente su oferta y la demanda”. (Foto: GEC).
Enzo Defilippi

Profesor de la Universidad del Pacífico

El 30 de setiembre pasado, en Luz del Sur y la central hidroeléctrica Santa Teresa a una subsidiaria de la empresa China Three Gorges Corporation. Esta última es la titular de y de la futura central hidroeléctrica San Gabán III. Pero para que la operación pueda culminar tiene que ser aprobada por la Comisión de Libre Competencia del Indecopi (CLC). De ocurrir, la adquiriente controlaría tres centrales hidroeléctricas y la mayor distribuidora de electricidad del país.

Los lectores de esta columna saben que, en principio, me opongo a la intervención del Estado en las decisiones empresariales. Pero este es un principio, no un dogma, y como he señalado en diversas oportunidades, una excepción razonable son las industrias reguladas. La de la electricidad, plagada de fallas de mercado, es una de ellas. De hecho, creo que, en este caso, la operación no debe ser aprobada a menos que la CLC imponga una restricción fundamental: que Luz del Sur no pueda comprar energía directamente de las empresas de su grupo.

Explico por qué. El mercado eléctrico es una invención regulatoria. No existía antes de la reforma de los 90, que tuvo como objetivo introducir competencia en esta industria. Pero para que este mercado inventado funcione bien, es necesario que el precio de la electricidad refleje adecuadamente su oferta y la demanda, y ello solo es posible si los generadores compiten efectivamente por abastecer a las distribuidoras. Esto requiere que ninguna distribuidora (menos aún una grande) afecte este proceso abasteciéndose directamente de un generador del mismo grupo. Sin embargo, eso es precisamente lo que podría hacer Luz del Sur con la electricidad producida por las centrales de Chaglla, San Gabán III y Santa Teresa si la CLC aprueba la operación sin imponerle una regla que se lo impida.

Dos consecuencias negativas podrían ocurrir si no lo hace. En primer lugar, sería un acto discriminatorio. En 1999, cuando Enel solicitó autorización para operar simultáneamente varias centrales de generación y la distribuidora de la zona norte de Lima (Edelnor), la CLC le impuso como condición que esta última solo pudiese adquirir energía mediante subastas abiertas a todos los generadores del sistema. Es decir, que renuncie a comprarla directamente de las empresas del mismo grupo. Esta vez no debería ser diferente.

En segundo lugar, afectaría la eficiencia del mercado eléctrico. Luz del Sur no solo es uno de los jugadores más importantes de la industria (en el 2019 adquirió el 14% de la electricidad vendida en el país durante el año), sino que opera en un sector con alta presencia de empresas estatales que no enfrentan los mismos incentivos para operar eficientemente. Es decir, no se trata de una empresa cualquiera. Permitirle que adquiera la energía que vende directamente de empresas vinculadas (aunque sea en parte) retiraría transacciones importantes del mercado e introduciría serias distorsiones en el precio de la electricidad. Y precios distorsionados generan ineficiencias en este y cualquier otro mercado.

La CLC debió anunciar su decisión en enero, pero decidió tomarse hasta fin de este mes para analizar el caso con mayor profundidad. Esperemos que lo haya hecho.