Derechos de propiedad en el mar, por Iván Alonso

Al profesor Hannes Gissurarson de la Universidad de Islandia se le atribuye la creación de las cuotas individuales y transferibles de pesca en su país. Él mismo dice que la idea fue publicada originalmente en 1911 por el economista danés Jens Warming; pero que, en realidad, viene de la distribución de cuotas de pastoreo entre los campesinos islandeses hace literalmente mil años. La semana pasada, en una charla en la Sociedad Nacional de Pesquería, Gissurarson contó cómo se gestó este sistema de cuotas, que ha sido adoptado también en el Perú.

Islandia es un país eminentemente pesquero. No tanto como el nuestro en términos de volumen –1,4 millones de toneladas anualmente contra 6 millones–, pero sí en proporción al tamaño de su economía: la pesca representa el 9% de su producto bruto interno (PBI).

En las décadas de 1960 y 1970 la sobreexplotación hizo colapsar las poblaciones de arenque y bacalao. La primera reacción del gobierno islandés fue limitar la temporada de pesca. Ocurrió entonces lo que para nosotros es familiar: la llamada “carrera olímpica”. Cada bote iba y venía cuantas veces pudiera para capturar la mayor cantidad de pescado posible, lo cual no hacía mucho para reducir la depredación.

Recién en 1983 se asignaron cuotas individuales a los dueños de las embarcaciones. Las cuotas se calcularon en base a los volúmenes capturados históricamente por cada uno. Por ejemplo, si en los “equis” años anteriores un armador había pescado el 5% de la captura total de arenques, recibía una cuota que le da el derecho a pescar el 5% del volumen total de arenques que el gobierno autorice a pescar cada año. En 1990 las cuotas individuales se volvieron transferibles.

El efecto principal del sistema de cuotas individuales y transferibles no es eliminar la depredación, sino reducir los costos de operación de la industria pesquera. La depredación se elimina poniendo un límite a la captura total. Las cuotas ayudan porque si uno pesca hoy una tonelada más de lo permisible, sabe que está perdiendo el porcentaje que le tocaría de las capturas futuras. Reduce ligeramente el incentivo a depredar, pero nada más. Lo que sí se reduce significativamente es el costo de operación. Ya no hay que sacar las embarcaciones contra viento y marea antes de que termine la temporada, sino que se puede racionalizar el uso de la flota: salir solamente con las más eficientes o esperar a que los peces estén más cerca de la costa, sabiendo que nadie más puede pescar la cuota que a uno le corresponde.

Volviendo a la forma como se asignaron las cuotas, el profesor Gissurarson hace una observación muy interesante. Había quienes sugerían subastar las cuotas, en lugar de distribuirlas en función de los volúmenes capturados en el pasado (como ya hemos indicado). Una subasta habría generado grandes ingresos para el estado islandés. Pero, a la vez, habría penalizado a todos aquellos que, habiendo invertido cantidades importantes a lo largo de los años, no resultaran ganadores. Seguramente habrían tenido que rematar sus embarcaciones.

Dicho en otras palabras, una subasta de cuotas implicaba una expropiación soterrada (o, más bien, sumergida). Una lección que vale la pena tener en cuenta cada vez que un economista proponga, como con frecuencia proponen, subastar un derecho para realizar alguna actividad que alguien ya viene realizando.