Como dice una cosa dice otra, por Enzo Defilippi

El gobierno modificó recientemente el marco legal de la política macrofiscal, el conjunto de reglas que determinan el tamaño máximo del déficit fiscal y la deuda pública y el crecimiento del gasto del gobierno. 

En una economía como la peruana, los ingresos fiscales son volátiles porque dependen mucho de las cotizaciones de las materias primas. En una situación así, que el gasto del gobierno dependa de los ingresos observados hace que el gasto público tenga que disminuir cuando la economía se desacelera, lo que puede convertir desaceleraciones en recesiones y recesiones en desastres.

Por ello, las mejores prácticas internacionales recomiendan a países como el nuestro gestionar sus finanzas públicas usando variables estructurales, es decir, variables como el PBI y el déficit fiscal, calculadas sin tomar en cuenta cotizaciones excepcionalmente altas o bajas. Solo así se puede aplicar una política contracíclica: gastar más cuando la economía se desacelera y menos cuando se acelera.

Este es el marco que se venía aplicando en el Perú desde el 2015 y que el gobierno acaba de modificar. A partir del 2018 (para el 2017 no se aplica ninguna regla), si la economía se desacelera, solo contaremos con el gobierno para que empeore la situación reduciendo su gasto.

El argumento para usar variables observadas es la transparencia. Argumento falaz, porque en ninguna ciencia la transparencia depende de cuán fácilmente observable es un fenómeno, sino de cuán verificable es su estimación. En este caso, la metodología para el cálculo de las variables estructurales es pública y periódicamente se reportan los resultados fiscales en estos términos. Además, el marco anterior creó un consejo fiscal independiente para que emita su opinión sobre su cálculo. ¿Dejamos de usar el PBI y la inflación porque no son variables observadas?

El uso de variables observadas tampoco garantiza reglas razonables. El nuevo marco, por ejemplo, dispone que el gasto del gobierno podrá crecer un punto por encima de un promedio compuesto en 75% por el crecimiento de los 15 años anteriores. Como hemos pasado por un período de crecimiento excepcionalmente alto, la tasa resultante es también alta (6,1%); tanto que recién será limitante cuando el déficit fiscal se acerque a 1%, lo que recién ocurrirá en el 2021. Es decir, el gobierno ha cambiado las reglas para que se apliquen a la siguiente administración.

Por cierto, el marco anterior no impedía cumplir los objetivos fiscales de este gobierno. Se podía limitar el crecimiento del gasto público o gastar más en inversión y menos en gasto corriente sin modificarlo. ¿Para qué hacerlo?

Hay más. El nuevo marco ha hecho borrón y cuenta nueva con los gobiernos subnacionales que han incumplido sus compromisos de déficit y endeudamiento, y se han establecido sanciones que tienen tantos dientes como pedir por favor. Y a los que tienen buena calificación de riesgo se les ha eximido de cumplir cualquier regla. Claro, como la lección de la crisis financiera es que las calificadoras de riesgo no fallan…

Cambiar el marco de la política macrofiscal para debilitarlo y eximirse de él no lo hace más creíble. Al contrario, nos hace parecer a la Chimoltrufia, que como dice una cosa dice otra, pues si es que, como todo, hay cosas que ni qué.