Puntos suspensivos

La reciente encuesta del IEP (“La República”, 26/2/2023) podría dar la impresión de una situación estática. Pero observar en su conjunto el que pronto será el primer trimestre de la presidenta Dina Boluarte en el cargo podría ayudar a ver tendencias que ayuden a entender su languideciente presente. Un presente que permanece sin un horizonte claro.

La aprobación presidencial parece, en la práctica, inmóvil. Los dos puntos porcentuales que pierde entre la segunda medición de enero (17%) y la correspondiente a febrero (15%) están dentro del margen de error (+/- 2,8). Hay, en cambio, pérdidas mayores en algunos segmentos: la región centro (-6), el NSE A/B (-5) y los hombres (-5). Habrá que ver si ediciones futuras marcan alguna tendencia.

El desgaste es más claro en la percepción que se tiene del Congreso de la República. Si bien la aprobación actual es casi idéntica a la entrega previa (7% en enero, 6% en febrero), el deterioro desde diciembre del 2022 (15%) es significativo.

En ello pueden incidir no solo los recientes escándalos en los que se ha visto involucrado el Parlamento, sino la terca persistencia en no hallar una salida ante la alta expectativa de adelantar los comicios. De hecho, solo el 8% de los encuestados cree que la opción actual (mantener el liderazgo político hasta el 2026) es la más conveniente.

Presidencia y Parlamento impopulares parece ser la combinación perfecta para el clima de impaciencia contenida que se ha instalado, una sensación que no da espacio a matices. La condena se generaliza sin la posibilidad de ver la foto completa.

La apatía con que la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, por ejemplo, han tratado el adelanto de las elecciones puede ser percibido como un acuerdo tácito de permanencia, a pesar de que la voluntad del Ejecutivo por partir ha sido formalizada con la presentación de un proyecto de ley.

Parte de la impopularidad que rodea a Boluarte y a su gestión puede tener que ver, precisamente, con la pasividad con la que se toman las decisiones del Parlamento. El primer ministro Otárola, por ejemplo, le dijo recientemente a Ricardo León que el Ejecutivo había presentado dos proyectos de ley de adelanto y que la presidenta Boluarte había hecho invocaciones públicas a los congresistas (El Comercio, 26/2/2023).

Dichos gestos, efectivamente, se dieron. Pero, sin estar acompañados de acciones políticas concretas, bien pueden ser percibidos como meros formalismos y abonar a la percepción de un pacto –evidente o tácito– por la permanencia. ¿Acaso acudió Otárola al Congreso para sustentar el proyecto de ley del Ejecutivo?

Detrás del nudo que parecen empujar los dos poderes del Estado, hay un clima de reducción de la conflictividad social, algo que Otárola llama con precisión “meseta”. La actualización más reciente de la Sutrán reporta 15 puntos de tránsito interrumpido (28/2/2023), lo que es una fracción mucho menor de lo que se veía hace solo algunos días.

Este importante declive puede hacer pensar que la estabilidad se ha alcanzado y que, en adelante, todo volverá a la normalidad. Pero esa es una percepción que puede resultar muy engañosa, ya que las principales demandas no están siendo canalizadas. La responsabilidad en el desenlace corresponderá, precisamente, al liderazgo político que hoy parece alejado de las expectativas ciudadanas.

¿Este prolongado limbo se extenderá indefectiblemente hasta octubre del 2025, cuando deban convocarse los comicios para abril del 2026? Dada la precariedad de las instituciones y la poca predictibilidad de los actores políticos, aventurarse a pronósticos es doblemente riesgoso. Lo único que persistirá, en cualquier caso, es la inestabilidad sin desenlace: oraciones inconexas que dejan los párrafos en puntos suspensivos.