Alejandra Costa

Cuando desde el se inserta en la agenda pública un aumento del, es usualmente porque hay algún otro problema que no saben cómo solucionar, como la baja popularidad del presidente de turno.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) es una especie de comodín inútil que se han sacado de la manga todos los presidentes de las últimas dos décadas en momentos turbulentos, pese a que la realidad ha mostrado una y otra vez que solo tiene un efecto, si alguno, marginal en la popularidad del mandatario y que favorece a un porcentaje ínfimo de trabajadores –2% del total, según el Instituto Peruano de (IPE)–.

El problema es que los beneficios son casi imperceptibles y los costos son altísimos, especialmente para las micro y pequeñas empresas. Lo que sí logra un aumento de la RMV es elevar la valla de la formalidad, de modo que hace más difícil que un trabajador acceda a un trabajo formal y, a su vez, hace más complicado para una micro y pequeña empresa mantener a sus empleados por encima de esa línea.

Esto, en tiempos normales. Pero el comienzo del 2024 no es un contexto usual. Es un escenario en el que las empresas ya tienen que remar en contra de la corriente por el débil estado de la economía y el menor dinamismo del consumo privado. Un escenario en el que, además, las compañías ya afrontan costos de financiamiento más altos, lo que las obliga a hacer malabares para mantenerse a flote.

Un incremento violento de los costos laborales sería la última gota que derrame el vaso en un momento en el que se debería estar buscando, más bien, aligerar la carga de las compañías formales para impulsar la reactivación económica y no todo lo contrario.

Por eso, resulta casi inverosímil que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, haya anunciado esta semana que “hay un compromiso presidencial” para aumentar la RMV. Es increíble porque se supone que en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) lo que se debería estar debatiendo es cómo establecer una metodología que haga predecible los aumentos de la RMV, eligiendo variables como la inflación, la productividad y el PBI, y determinando la magnitud de las variaciones de estas que pueden gatillar un aumento del sueldo mínimo cada cierto tiempo. Además, cualquier aumento de la RMV debería surgir de un acuerdo entre empleadores, trabajadores y el Estado en el CNT, independientemente de cualquier “compromiso presidencial”.

El problema de volver más predecible y técnica la decisión sobre el sueldo mínimo es que le quitaría la oportunidad al presidente de turno de hacer alharaca al momento de firmar un decreto sin mencionar, por supuesto, que beneficia a muy pocos y afecta a muchos. Tal vez por esa necesidad de tomarse la foto es que falta voluntad política para, de una buena vez, acabar con esta farsa que tenemos que presenciar cada vez que un gobierno encuentra un bache en el camino.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura