Educación para adivinos, por Franco Giuffra
Educación para adivinos, por Franco Giuffra
Franco Giuffra

Empresario

Como un regalo postrero para el fomento de la educación en el Perú, el parlamentario don Jaime Delgado impulsa en el Congreso su última ocurrencia. Ha presentado un proyecto de ley para que los centros y programas educativos informen “sobre el factor de reajuste de las pensiones que podrán ser aplicables durante la prestación del servicio educativo”. 

La iniciativa está bastante mal redactada como para que sea claro a qué se refiere. Hay que examinar la exposición de motivos y un reciente artículo de su autoría, aparecido en estas páginas hace poco, para imaginar por dónde van sus intenciones.

En su versión más perjudicial, que es muy probablemente la que se propone, esto significa que los colegios y universidades deban informar, desde el primer año, el costo de las pensiones en los años sucesivos. Es decir, que le digan a uno, antes de poner a su hijo en kinder, cuánto le tocará pagar en quinto de media.

La racionalidad detrás de esta iniciativa incluye, como era previsible, desde la defensa del derecho a la educación hasta las dificultades que enfrentan los padres de familia para cambiar de colegio a sus hijos cuando las mensualidades se encarecen.

Ya existe, como se sabe, una norma que obliga a los centros educativos a anunciar el año previo el costo de las pensiones del año sucesivo. No es suficiente, deduce don Jaime. Tienen que proyectarse una década y más allá. 

Para defender una cosa semejante, preñada de populismo y demagogia, se señala que en otras circunstancias y contratos ya ocurre semejante anticipación. Los bancos, por ejemplo, pueden conceder una hipoteca a 20 años y definir hoy la cuota durante todo ese plazo. Y los contratos de concesión también fijan tarifas y sus incrementos con semejante antelación.

Son ejemplos atractivos, pero falaces. Los bancos pueden dar hipotecas de cuotas fijas, pero tienen la potestad de cambiar las tasas de las nuevas hipotecas mensual o diariamente, así como el interés que pagan por los ahorros. Además, pueden obtener el fondeo para esos créditos emitiendo bonos a largo plazo, que luego suben o bajan de valor en el mercado secundario, reflejando las condiciones económicas prevalentes. Finalmente, los bancos tienen esquemas complejísimos para cubrir sus posiciones mediante derivados financieros.

Los contratos de concesión, a su turno, no tienen porcentajes fijos de incrementos, sino fórmulas con parámetros variables, como la inflación, la devaluación, las ganancias de productividad, los factores de eficiencia, el crecimiento de cobertura, etc.

Nada de lo cual, por supuesto, está disponible para el colegio San Vicente de Monsefú o incluso para el más plantado de los colegios privados de la capital. 

Si lo que este proyecto persigue es combatir el abuso de los miserables capitalistas que promocionan la educación como un lujo y se aprovechan de los padres de familia, mejor sería enfocar las energías en generar mayor competencia.

Ese menú implica desmontar la hiperregulación que abruma al sector educativo, desde las restricciones de zonificación hasta las normas que permiten mantener un alumno aunque no pague, pasando por los permisos para dictar una hora menos de Educación Cívica y definir la orientación de los patios respecto de la trayectoria solar.

Quizá con más colegios se logren menores cuotas y más opciones para los alumnos. Con ello, tal vez el congresista Delgado pueda encontrar mayor sosiego y mejor descanso durante los cinco años que se hará extrañar en el Congreso.