"Un 20% de peruanos no tiene una conexión de agua dentro de su casa, o sea, seis millones de personas". (Foto: GEC/Archivo)
"Un 20% de peruanos no tiene una conexión de agua dentro de su casa, o sea, seis millones de personas". (Foto: GEC/Archivo)
Iván Alonso

Economista

En su primera entrevista periodística tras asumir nuevamente el cargo, el premier habló de un eventual acuerdo de gobierno a gobierno con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de agua y desagüe. No podemos dejar de recordar que una de las prioridades anunciadas por el expresidente Kuczynski al inicio de este Gobierno fue precisamente que para el 2021 todos los peruanos tuvieran agua y desagüe las 24 horas del día. Lo que sigue es un fragmento de lo que dijimos aquí mismo en ese momento (“Agua para todos, pero de verdad”, 29 de julio del 2016). No hay mucho, lamentablemente, que necesite actualizarse:

“Un 20% de peruanos no tiene una conexión de agua dentro de su casa, o sea, seis millones de personas. Entre la población rural la proporción se duplica. Hay además un 35% a nivel nacional y un 85% a nivel rural que no tiene desagüe. Peor aún, todos esos porcentajes son engañosos porque, aunque haya conexión, la disponibilidad de agua puede no ser de más de dos horas al día.

Es difícil decir a priori cuánto costará alcanzar la meta trazada por el presidente en su discurso inaugural. Todo depende de qué se necesite hacer en cada sitio. En algunos habrá que construir una planta y una red de tuberías; en otros, arreglar lo que ya existe, darle el mantenimiento adecuado o simplemente mejorar la operación. El Ministerio de Vivienda debería comenzar con un diagnóstico rápido y factual. (Si empieza diciendo que “en el marco del proceso…”, no va a llegar a nada útil.) Sobre esa base, se puede costear el plan de inversiones. Ya será cuestión del liderazgo que ejerza el presidente que el presupuesto de la república asigne, año tras año, los recursos necesarios.

Pero no menos importante que presupuestar las inversiones es pensar cómo se va a hacer para que la nueva infraestructura se utilice eficientemente. Uno de los grandes problemas de los servicios de agua y desagüe, donde los hay, es que las empresas que los prestan están bajo control de las municipalidades. Y las municipalidades, por razones políticas, suponemos, se resisten a cobrar tarifas que cubran los costos de operación y mantenimiento. No debe sorprender a nadie que los servicios sean deficientes, que haya cortes de agua, que la pureza no sea la esperada.

Asegurar una buena operación será un reto mucho mayor que construir las plantas y las redes. Dudamos de que el gobierno central disponga de medios eficaces para conseguirlo. Si el presidente es reacio a la idea de la privatización de las empresas de agua o la encuentra políticamente inviable, tendrá, por lo menos, que impulsar las concesiones. Es más factible obligar a un concesionario privado a cumplir con los estándares de servicio y calidad que a una empresa pública.

Son varias las experiencias exitosas de concesiones privadas. La planta del Río Chillón, por ejemplo, que desde hace quince años le da a Lima entre uno y dos metros cúbicos por segundo; las obras de trasvase de Huascacocha; la recientemente inaugurada planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira; la de Taboada. Y hay otros proyectos esperando una decisión del Gobierno, como las Obras de Cabecera para y varias iniciativas privadas a lo largo del país. Habría que encargarle a Proinversión que diga pronto si son o no buenos proyectos y, de ser el caso, ponerlos en ejecución”.